La Asamblea Regional del Gran Chaco se encuentra en el centro de una controversia laboral debido al retraso en el pago de salarios a sus funcionarios y asambleístas. Representantes de la institución han formalizado una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, señalando al presidente de la Asamblea como responsable de la situación.
La falta de remuneración ha generado una profunda preocupación dentro del organismo regional, impulsando la presentación de la queja ante las autoridades laborales competentes. Se espera que en los próximos días se amplíen las acciones legales con la formalización de una denuncia ante el Ministerio Público.
Según fuentes internas, la raíz del problema radica en la demora en la transferencia de fondos desde el ejecutivo regional hacia la Asamblea. Esta situación financiera ha impactado directamente en la capacidad de la Asamblea para cumplir con sus obligaciones salariales.
Se anticipa que el presidente de la Asamblea deberá tomar medidas para abordar la problemática con el ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, entidad responsable de la transferencia de los recursos. La gestión para regularizar los fondos pendientes se convierte en un punto crítico para la estabilidad operativa de la Asamblea.
En otro orden de asuntos, la Asamblea Regional también ha manifestado su inquietud ante la Fiscalía Departamental. Se ha anunciado el envío de una comunicación formal para expresar el descontento por la aparente falta de progreso en una investigación previa. Esta investigación se centra en la designación del Oficial Mayor de la Asamblea y la presunta falta de cumplimiento de los requisitos necesarios para ocupar dicho cargo.
A pesar de haber transcurrido varias semanas desde la presentación de la denuncia inicial, los asambleístas aún no han sido convocados para prestar declaración informativa, lo que ha generado preocupación sobre la celeridad y el curso de las acciones legales emprendidas
