La problemática de las invasiones ilegales de tierras productivas vuelve a generar inquietud en el ámbito agropecuario del departamento de Santa Cruz.
La Asociación de Productores de Oleaginosa y Trigo (ANAPO) ha alertado una vez más sobre estas incursiones, principalmente en la provincia de Guarayo dentro del Norte Integrado. Según la entidad, la paralización forzada de las actividades agrícolas, como la cosecha de granos, pone en riesgo tanto el suministro nacional de alimentos como los envíos al exterior. Esta situación impacta negativamente en toda la cadena agroindustrial, especialmente porque la siembra de maíz y sorgo resulta fundamental para la alimentación de los sectores avícola y porcino.
Representantes de ANAPO han señalado que la acción de estos grupos ha resultado en la consolidación de control sobre varias propiedades productivas en el departamento. Mencionaron específicamente los casos de Santa Agro, con una extensión aproximada de 16.000 hectáreas, La Londras, con cerca de 1.800, y San Fernando, cuya superficie no fue precisada. Se estima que, en total, alrededor de 17.800 hectáreas de terrenos agrícolas han quedado bajo el dominio de los invasores.
Según la asociación, si bien estas áreas ya se consideran perdidas, existe un plan más ambicioso que apunta a la toma de unas 70.000 hectáreas adicionales. En este contexto, la propiedad Santa Rita, de aproximadamente 5.000 hectáreas, se ha convertido en un objetivo prioritario para los invasores. Se destacó que, en lo que va del año 2025, la propiedad Santa Rita ha sido objeto de invasión en cuatro ocasiones distintas, interrumpiendo la cosecha de soya y la planificación para la siembra de maíz y sorgo.
Se denunció que individuos encapuchados y portando armas han ingresado a la propiedad, a pesar de que esta cuenta con medidas de protección emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y existen órdenes de arresto activas contra personas señaladas como líderes de estas acciones.
Desde la asociación se enfatizó que los productores no deberían tener que soportar estas ocupaciones ilegales. Se señaló que la actual temporada de cosecha es crítica y que cada jornada de inactividad forzada genera cuantiosas pérdidas económicas. Asimismo, se consideró inaceptable que los agricultores requieran protección policial constante para poder llevar a cabo su trabajo.
Datos proporcionados por el sector productivo indican que durante el año 2024 se documentaron 327 incidentes de invasión de tierras a nivel nacional, con Santa Cruz concentrando la mayor cantidad de casos. De este total, únicamente 26 derivaron en desalojos exitosos.
Respecto al predio Santa Rita, se calificó lo sucedido recientemente como un ataque directo al fundamental derecho a la producción. Se argumentó que se trata de terrenos con titulación legal y soporte judicial, y que la falta de actuación de las autoridades sienta un precedente sumamente perjudicial para la inversión y la generación de empleo en el ámbito rural.
Por su parte, la propietaria de Santa Rita confirmó que los ocupantes mostraron un nivel de violencia creciente, profirieron amenazas contra el personal agrícola y causaron un clima de inquietud en el área. Indicó que estos incidentes no son hechos aislados, sino que responden a un patrón de organización y uso de la violencia orientado a la toma permanente de la propiedad.
ANAPO ha reiterado su solicitud al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana para que procedan a ejecutar las órdenes de desalojo emitidas por la justicia y aseguren las condiciones básicas de seguridad jurídica en el campo. La asociación concluyó que la ausencia de un Estado de derecho efectivo impide la producción agrícola, y que, sin producción, se pone en peligro el suministro de alimentos para toda la nación.
En contraste, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos ha negado tener participación en estos sucesos. Un representante de la federación atribuyó la responsabilidad a grupos identificados como interculturales, afirmando que los verdaderos culpables
