Bolivia se encuentra en una posición lejana a adoptar una dolarización formal de su economía. Esta distancia no solo obedece a la postura ideológica del gobierno, reacio a esta posibilidad, sino también a la limitada disponibilidad de Reservas Internacionales Netas (RIN). Las cifras disponibles sitúan las RIN en aproximadamente 2.618 millones de dólares, de los cuales una porción significativa, alrededor de 2.397 millones, está constituida por oro.
Sin embargo, en el ámbito de los activos digitales, algunos especialistas perciben un fenómeno que podría describirse como una dolarización de carácter virtual e impulsada por las circunstancias.
Según la perspectiva de profesionales y académicos especializados en finanzas y criptoactivos, la criptomoneda Tether (USDT), diseñada para mantener paridad con el dólar estadounidense, se ha convertido en una alternativa ante la escasez de billetes físicos de la divisa estadounidense en el país.
Se argumenta que, en lugar de depender de un banco central tradicional con reservas físicas, los usuarios recurren a redes basadas en confianza, servidores y algoritmos. Plataformas de intercambio de criptomonedas emergen así como puntos de acceso fundamentales para el ciudadano común. A través de estas plataformas, es posible convertir moneda nacional a USDT, acceder a otros activos digitales estables o incluso incursionar en mercados más volátiles como el Bitcoin con relativa facilidad.
Se estima que las operaciones de intercambio de criptomonedas en ciertas plataformas han experimentado un crecimiento notable. En redes de intercambio directo entre usuarios (peer-to-peer o P2P), se registran cientos de miles de usuarios nacionales involucrados en transacciones consideradas minoristas, generalmente por montos inferiores a diez mil dólares.
Paralelamente, existen operaciones de mayor envergadura, que pueden alcanzar hasta cien mil dólares por transacción. Estas no suelen quedar registradas en las métricas de las plataformas P2P tradicionales, ya que ocurren directamente entre compradores y vendedores de grandes volúmenes, utilizando métodos como las ‘billeteras frías’ que se conectan solo en el momento preciso de la transferencia. Esta modalidad dificulta su rastreo, incluso por parte de entidades reguladoras estatales.
La naturaleza de este proceso, su estatus legal o su sostenibilidad son temas de debate. No obstante, es un hecho que se está desarrollando una forma de sustitución monetaria de manera discreta, impulsada por los propios usuarios, sin necesidad de normativas o estudios formales. La expansión de los pagos mediante códigos QR y la adopción de plataformas de intercambio de activos digitales han facilitado este movimiento. Los usuarios acceden a activos percibidos como estables a través de aplicaciones móviles, operando en un entorno descentralizado, informal y que presenta desafíos para la regulación.
Aunque este fenómeno no equivale a una dolarización oficial, se le considera un indicio de la merma en la confianza hacia la moneda nacional. La cuestión principal, más allá de la viabilidad de una dolarización sin reservas suficientes, parece centrarse en la capacidad del Estado para ejercer control sobre un proceso de sustitución monetaria que avanza de facto.
En el pasado reciente, específicamente en septiembre del año anterior, el Banco Central de Bolivia reportó un incremento significativo en las transacciones con criptomonedas, incluyendo las stablecoins, tras la implementación de canales electrónicos para su compra y venta. Se informó que estas operaciones se habían más que duplicado, elevando el promedio mensual de transacciones de 7,6 millones de dólares en el primer semestre del año a 15,6 millones de dólares entre julio y septiembre. Este fue el último reporte oficial disponible sobre la actividad en el territorio nacional.
Sin embargo, la tecnología y el análisis de datos de las plataformas disponibles permiten obtener información más actualizada. Datos recientes sobre el mercado P2P en los primeros meses del año en curso (2025) indican que el comercio diario promedio entre moneda nacional y criptoactivos, en ambas direcciones, ronda los 300.000 dólares. Específicamente, en dos de las principales plataformas de intercambio, el volumen diario en el mercado P2P mostró un aumento considerable, pasando de aproximadamente 239.120 dólares a inicios de enero a 610.214 dólares a finales de abril, lo que representa un incremento del 155% en ese período. Ampliando la perspectiva a un año, el comercio diario en mayo de 2024 era significativamente menor, alrededor de 76.891 dólares, mientras que un año después superó los 322.000 dólares, reflejando un crecimiento del 320%.
A pesar de este crecimiento en operaciones y volúmenes, algunos analistas no interpretan este fenómeno como un camino hacia la dolarización completa de la economía boliviana. Se recuerda que Bolivia históricamente ha operado como una economía bimonetaria, donde el dólar estadounidense se utiliza para transacciones de mayor magnitud y el boliviano para las operaciones cotidianas. La dolarización total, que implicaría la eliminación de la moneda nacional, no se considera probable en el corto plazo, incluso comparando con experiencias en países vecinos con orientaciones económicas diferentes.
La dolarización implicaría que la economía tuviera acceso amplio e ilimitado a dólares. En un escenario ideal, la coexistencia armónica de ambas monedas se daría si la divisa paralela mantuviera un precio estable, como ocurrió en décadas pasadas en Bolivia, a pesar de periodos de inestabilidad política y social.
Aunque el uso masivo de criptomonedas no se ajusta estrictamente al término dolarización, se le reconoce como una estrategia adoptada por la población para preservar su patrimonio o riqueza. En el contexto actual, marcado por una escasez prolongada de dólares, la población recurre a la moneda nacional para gran parte de sus transacciones, a pesar de la preferencia por la divisa estadounidense como reserva de valor. La definición tradicional de dolarización implica la existencia de una única moneda de curso legal, el dólar, dejando de lado la moneda local.
Sin embargo, la idea de una dolarización no es descartada por algunos analistas, quienes la ven como una forma potencial de limitar la capacidad de los actores políticos para financiar actividades, generar inflación y provocar crisis económicas que afectan a la población.
Se destaca que la ciudadanía está adquiriendo conocimientos en el manejo de activos virtuales. Esto ocurre incluso en un contexto donde el gobierno manifiesta interés en intervenir en diversos sectores económicos y ha anunciado planes para regular las empresas de tecnología financiera (fintech) que operan con criptoactivos. Paradójicamente, estos anuncios han coincidido con un aumento en la demanda y el precio de estos activos. La cotización del dólar en el mercado paralelo, y en consecuencia del USDT, también ha experimentado alzas, llegando en algunos momentos a valores significativamente superiores a la paridad oficial.
Recientemente, se ha promulgado un decreto supremo (N° 5384, del 7 de mayo) que busca reglamentar la creación y operación de las Empresas de Tecnología Financiera. Esta normativa prevé que entidades de naturaleza diversa (privadas, públicas o mixtas) puedan ofrecer servicios digitales en áreas como finanzas, mercado de valores y seguros, bajo la supervisión de la autoridad competente, la cual dispone de un plazo para emitir la reglamentación específica.
La expectativa de los analistas respecto a esta nueva regulación es que se enfoque en beneficiar a los usuarios y no se convierta en un instrumento coercitivo o impositivo a favor del Estado. Existe la preocupación de que una regulación restrictiva o confiscatoria podría agravar la situación económica nacional en relación con las divisas y la necesidad de transferir liquidez al exterior.
Algunos analistas expresan una fuerte desconfianza, señalando que las acciones gubernamentales recientes han afectado la disponibilidad de dólares en la economía y que ahora se busca intervenir en las plataformas virtuales. Argumentan que el objetivo de la regulación debería ser proporcionar seguridad jurídica tanto a las empresas que operan en este sector como, fundamentalmente, a los ciudadanos, quienes pueden ser vulnerables a estafas. La desconfianza se fundamenta en la percepción de que gobiernos con orientaciones estatistas tienden a sobre-regular la actividad económica, creando burocracia y dependencia, con el fin de consolidar su poder.
Información adicional señala que Bolivia se ubica en una posición intermedia en el índice global de adopción de criptomonedas, ocupando el puesto 101 entre 151 países según un análisis especializado. Analistas económicos expresan dudas sobre la capacidad real del gobierno para regular transacciones en plataformas globales que ofrecen diversos servicios, incluyendo mecanismos para obtener rendimientos o acceder a créditos. Si bien una de estas plataformas no publica cifras exactas de transacciones diarias, datos globales anteriores (de 2022) reportaron volúmenes diarios muy elevados y una base de usuarios masiva a nivel mundial. El uso de billeteras digitales, que facilitan transacciones electrónicas de activos digitales por bienes y servicios, se está popularizando.
Existe una esperanza generalizada de que la regulación que se implemente tenga como propósito principal proteger a los usuarios y no derive en medidas que impliquen la confiscación de activos
