La Brigada Parlamentaria de Tarija atraviesa una compleja situación administrativa que ha derivado en el cierre de sus oficinas. Hasta el momento, no se vislumbra una solución a los problemas internos que impiden el normal funcionamiento de la institución.
Uno de los factores que contribuyen a esta parálisis es la elección pendiente de la nueva directiva de la brigada. Más allá de este proceso inconcluso, se ha reportado que se está impidiendo el uso de las instalaciones a los legisladores nacionales.
Los representantes tarijeños en la Asamblea Legislativa Plurinacional no pueden acceder a sus despachos, lo cual perjudica significativamente el desarrollo de su labor. Esta situación impide, además, el trabajo institucional coordinado que debería realizar la Brigada Parlamentaria.
Para el presente año, la institución no cuenta con un presupuesto asignado. Generalmente, la tramitación de recursos se gestiona una vez que se ha elegido la nueva directiva, un paso que aún no se ha concretado.
La imposibilidad de renovar los contratos del personal que atendía las oficinas fue otro factor determinante que llevó al cierre de las puertas de la sede de la brigada.
La falta de actividad se extiende a la ausencia de sesiones de la brigada y a la falta de respuesta a las solicitudes o correspondencia que llegan a la institución.
Se ha señalado que esta situación representa una falta al deber no solo por parte de los asambleístas nacionales, sino que también perjudica directamente a los funcionarios contratados, cuyos vínculos laborales no han sido renovados.
A pesar de la inactividad y el cierre, las instalaciones continúan generando gastos operativos, como el pago de alquileres y otros servicios. Estos recursos, que provienen del erario público, siguen erogándose sin que la brigada esté plenamente operativa.
Se ha recordado que los asambleístas nacionales tienen la obligación de trabajar en sus instalaciones, lo cual no está ocurriendo en la actualidad debido a las circunstancias.
La problemática se enmarca en un conflicto de índole administrativa. Según la rotación establecida, la administración de la brigada para este año correspondería a la Cámara de Senadores; sin embargo, autoridades de la Cámara de Diputados se estarían negando a ceder el control, generando esta disputa que afecta el funcionamiento. Esta falta de rotación en la administración de las brigadas parlamentarias es la raíz de los problemas.
En cuanto a los recursos económicos, se desconoce el monto exacto que se destina al pago de alquiler, servicios básicos y otros gastos de las oficinas. Se ha solicitado formalmente información detallada sobre el presupuesto y las erogaciones realizadas.
Se ha lamentado la aparente falta de voluntad política por parte de la bancada oficialista, incluyendo tanto al ala ‘evista’ como al ala ‘arcista’, para abordar este tema y facilitar la información requerida.
Una Petición de Informe ha sido presentada solicitando específicamente detalles sobre los gastos efectuados y también sobre la situación de algunos activos que, según reportes, habrían sido sustraídos de la institución parlamentaria
