Una reciente determinación del Tribunal Agroambiental obliga a la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt) a efectuar un pago de 2,7 millones de bolivianos a la Gobernación de Tarija, junto con una multa adicional del 6%. Esta exigencia surge de un proceso de carácter administrativo y ambiental.
La sentencia del tribunal establece un plazo perentorio de tres días para que Cosaalt cumpla con la obligación económica. En caso de incumplimiento, la resolución autoriza el registro y embargo de bienes de la cooperativa, así como la retención de sus cuentas bancarias.
Desde el Consejo de Administración de Cosaalt, su presidente, Cristian Flores, manifestó que la cooperativa considera que la determinación judicial no se ajusta a derecho y que se han iniciado acciones legales para defender a la institución de esta multa. Según Flores, existen varias razones que fundamentan la impugnación. En primer lugar, se cuestiona el largo tiempo transcurrido desde los hechos que originaron el proceso. En segundo término, se argumenta que el Tribunal Agroambiental carece de competencia legal para imponer sanciones de esta naturaleza. Finalmente, se señala la existencia de un recurso de amparo constitucional actualmente en revisión ante instancias superiores en Sucre, lo que, a su juicio, impide un cobro coactivo de manera arbitraria.
En línea con esta postura, el martes pasado la cooperativa presentó formalmente un recurso de excepción con el objetivo de evitar la cancelación de las multas impuestas. El presidente del consejo afirmó que existen fundamentos sólidos para interponer acciones judiciales frente a lo que consideran cobros irregulares. Asimismo, desde Cosaalt se ha expresado la percepción de que existiría una intención por parte de la Gobernación de sancionar a la cooperativa por supuestos incumplimientos administrativos, desvinculando esta acción de las irregularidades específicas que habría abordado la sentencia del Tribunal Agroambiental, emitida el 5 de mayo.
Por su parte, voceros de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de la Gobernación de Tarija han ofrecido su explicación sobre el origen de la multa. Según la Gobernación, la sanción económica se fundamenta en un proceso iniciado contra Cosaalt debido a su omisión durante una década (diez años) en la presentación de informes requeridos y la obtención de la licencia ambiental, requisitos considerados esenciales para la operación de la cooperativa
