Un proyecto para la industrialización de residuos sólidos en el Complejo de Tratamiento de Residuos (CTR) de Tarija ha generado inquietud y motivado una solicitud formal de información al Ejecutivo del gobierno municipal por parte del Concejo Municipal. La concejala Raquel Ramos Guzmán impulsó esta petición tras la circulación de versiones y la información sobre la supuesta firma de un contrato con una empresa para desarrollar esta actividad, aparentemente en el marco de la Ley de Concesiones.
Según la concejala, hasta el momento, el cuerpo legislativo municipal no posee conocimiento oficial alguno sobre la suscripción de un contrato relacionado con dicho proyecto. La información disponible proviene únicamente de comentarios de vecinos de la zona y rumores en el ámbito público.
Ramos Guzmán subrayó que cualquier concesión que involucre terrenos de propiedad municipal requiere una autorización previa y expresa del Concejo. Enfatizó que la normativa es clara al respecto y sugirió que el alcalde podría beneficiarse de una revisión de los preceptos legales aplicables.
Aclaró que la ley permite al Ejecutivo tomar decisiones unilaterales solo en el caso de concesiones de carácter parcial y menor, como espacios para casetas, cajeros automáticos o servicios sanitarios. Sin embargo, cuando se trata de concesiones totales, como terrenos u otros bienes patrimoniales de mayor envergadura, la intervención y autorización del Concejo son indispensables.
La concejala reiteró la falta de conocimiento oficial por parte del Concejo sobre este asunto. Asimismo, consideró necesario verificar la veracidad de las afirmaciones atribuidas a un empresario sobre la existencia de un contrato ya firmado bajo la Ley de Concesiones.
Informaciones previas indicaron que un empresario, identificado como Martín Ragonisi, habría manifestado la semana anterior la firma de un acuerdo en el marco de la ley de concesión para la industrialización de basura. Se reportó que este representante anunció una inversión significativa, cifrada en 200 millones de dólares, destinada al área supuestamente concedida dentro del CTR. Según estas declaraciones, la totalidad de los residuos sólidos recolectados en la ciudad sería sometida a tratamiento para obtener diversos productos o subproductos, eliminando la práctica del entierro, bajo la premisa de que la basura constituye una riqueza que solo precisa el manejo adecuado. El mismo empresario habría señalado que el acuerdo suscrito solo estaría pendiente de ratificación.
No obstante, la concejala Ramos insistió en que, conforme a la normativa, la autorización del Concejo debe preceder a cualquier firma contractual de esta naturaleza, siendo el órgano legislativo el facultado para aprobar la concesión
