Una denuncia ha sido presentada contra la Gestora Pública en Tarija, alegando la retención de una parte significativa de una pensión por muerte. La acción legal fue iniciada por la abogada Trinidad Delgado en representación de Vicente Flores, esposo de la persona fallecida y beneficiario de la prestación.
Según la información proporcionada, el monto total que correspondía al señor Flores por concepto de pensión ascendía a 85.000 bolivianos. Sin embargo, al realizarse el pago, la Gestora Pública depositó únicamente 47.800 bolivianos. Esto implica una diferencia de 37.200 bolivianos, lo que representa un descuento cercano al 50% de la suma total que debía recibir el beneficiario.
La defensa del señor Flores ha indicado que el proceso para obtener la cancelación de la pensión ha sido prolongado, extendiéndose por un periodo de dos años. Desde el año 2023, el derechohabiente ha estado gestionando el cobro, encontrando diversas dificultades y obstáculos por parte de la institución.
Se ha señalado que la Gestora Pública no ha ofrecido una explicación satisfactoria respecto a la retención del monto, mencionando únicamente la posibilidad de un error que sería subsanado posteriormente. Ante la falta de una resolución clara, se presentó un memorial el pasado 5 de mayo solicitando una respuesta formal y el pago completo, pero hasta diez días después no se había obtenido ninguna comunicación de la entidad.
Dada esta situación, se ha anunciado que se procederá a formalizar una denuncia ante las autoridades competentes. La acusación se basará en el presunto delito de apropiación indebida, considerando la cuantía del dinero retenido y el hecho de que el afectado es una persona adulta mayor, quien necesita disponer de estos recursos.
La abogada Delgado ha manifestado que este no es un caso aislado, existiendo otras reclamaciones contra la Gestora Pública por diversas irregularidades. En ese contexto, ha instado a la población a denunciar cualquier hecho anómalo que pudiera presentarse.
Por su parte, Vicente Flores, el principal afectado, ha expresado su cansancio ante la larga espera de más de dos años para recibir la totalidad de la pensión que le corresponde por los aportes realizados por su esposa a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Residente en el campo, el señor Flores ha destacado el perjuicio y el gasto que implican los constantes viajes a la ciudad para realizar los trámites, solicitando una solución rápida y la cancelación íntegra de los 85.000 bolivianos adeudados
