Según información proporcionada por el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Alfonso Lema Gross, los 335 gobiernos municipales del país enfrentan un plazo legal, establecido por la Ley de Medio Ambiente para la gestión de residuos sólidos, que les exige completar el cierre de sus actuales vertederos de basura para mayo del próximo año.
No obstante, Lema señaló que la mayoría de estas entidades autónomas territoriales se encuentran en una situación económica complicada, con ingresos reducidos, lo que las deja sin las condiciones necesarias para ejecutar técnicamente los planes de cierre requeridos.
Explicó que esta realidad obliga a replantearse no solo los plazos, sino también los aspectos económicos, dado que el proceso debe basarse en estudios técnicos. Aunque algunos municipios han avanzado más que otros en esta tarea, el financiamiento constituye un obstáculo significativo.
El director de la AMB advirtió que el incumplimiento de esta normativa conlleva responsabilidades penales para las autoridades municipales, afectando tanto a los funcionarios actuales como a quienes asuman sus cargos tras las próximas elecciones subnacionales.
Estas sanciones penales, según indicó Lema, podrían derivar en procesos judiciales que obliguen a las autoridades a cesar en sus funciones.
En este contexto, la asociación está proponiendo al Ministerio de Medio Ambiente la realización de un diagnóstico integral que se construya sobre las evaluaciones existentes. Lema mencionó que, si bien el país cuenta con 34 rellenos sanitarios que atienden a 35 municipios, muchos de ellos no cumplen con las condiciones técnicas adecuadas, lo que subraya la urgencia de considerar estos factores.
Ante este panorama, Alfonso Lema enfatizó la importancia fundamental de tomar en cuenta los elementos legales, técnicos, financieros y políticos, especialmente en un escenario de cambio de autoridades a nivel nacional, departamental y municipal, con el objetivo de adoptar medidas que sean responsables e integrales
