Un extenso predio en el departamento de Santa Cruz, conocido como “Adán y Eva”, adquirido por el hijo menor del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, está en el centro de una controversia por su rápida transformación en una zona de cultivos a gran escala, a pesar de su clasificación como área de conservación.
Rafael Ernesto Arce Mosqueira, de 25 años al momento de la transacción, compró la propiedad de 2.187,8 hectáreas en noviembre de 2021 por un valor de 3,3 millones de dólares. La adquisición se concretó aproximadamente un año y medio después de que Arce Mosqueira cesara en sus funciones como servidor público. La finca está situada en un punto geográfico singular, una zona de transición entre diferentes ecorregiones, reconocida por su biodiversidad y clasificada bajo normativas de uso restringido para la producción forestal permanente y conservación.
Desde la compra, se ha observado una acelerada conversión del terreno, con la expansión de monocultivos de maíz y soya. Esta actividad contrasta con la designación del área como bosque de conservación y manejo sostenible.
Documentos oficiales revelan que, poco después de la adquisición, se obtuvo una modificación de un Plan de Ordenamiento Predial (POP) ante la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). Este trámite, que se completó en un plazo inusualmente corto de pocos días hábiles, autorizó la ampliación de la superficie destinada a ciertas actividades productivas a casi mil hectáreas, reduciendo el área de bosque protegido.
Análisis de imágenes satelitales confirman la pérdida forestal en el predio. Entre 2022 y 2024, se constató la desaparición de 479,46 hectáreas de cobertura boscosa.
La situación en “Adán y Eva” también ha puesto en evidencia el incumplimiento de normativas ambientales recientes. A pesar de un decreto presidencial emitido en septiembre de 2024 que declaraba una pausa ecológica nacional y prohibía las quemas debido a la emergencia por incendios forestales, la propiedad registró focos de calor y quemas durante aproximadamente un mes, entre septiembre y octubre de ese año.
La compra millonaria y el financiamiento obtenido por un joven con un historial laboral previo en el sector público de rango medio han generado interrogantes sobre el origen de los fondos y las condiciones del crédito bancario. Expertos en finanzas señalan que préstamos de esta magnitud, clasificados como empresariales, suelen requerir altos ingresos demostrables, un historial crediticio sólido y garantías sustanciales.
Además, se ha observado que ciertas acciones de la administración pública han coincidido temporalmente con el desarrollo de las actividades agrícolas en el predio. Diez meses después de la adquisición, se aprobó la inversión de más de 3 millones de dólares, provenientes de un programa estatal, para la construcción de un puente sobre el río Piraí, a unos 15 kilómetros de la propiedad. Esta infraestructura mejora significativamente el acceso para el transporte de la producción agrícola.
Especialistas en derecho ambiental y agrario han manifestado preocupación por la aparente desatención de la normativa de uso de suelo por parte de las entidades reguladoras, como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la ABT, en la gestión de este predio. La modalidad de titulación original de la propiedad ha sido calificada por algunos expertos como irregular e incompatible con la legislación agraria vigente.
La celeridad con la que se procesó la solicitud de modificación del plan de manejo predial, en comparación con los tiempos habituales para trámites similares, ha sido señalada por legisladores y observadores como un indicio de posible trato preferencial. Representantes políticos han calificado la situación como un escándalo y han presentado acciones legales, cuestionando el origen de los recursos y sugiriendo la existencia de tráfico de influencias y posible asociación delictuosa en el manejo del caso.
La conversión del bosque primario en monocultivos en “Adán y Eva” representa una amenaza directa para la rica biodiversidad de la zona, que alberga numerosas especies de flora y fauna, incluyendo algunas en peligro de extinción. La responsabilidad de proteger estos ecosistemas y asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales recae en las instituciones estatales.
La controversia en torno a este predio pone de manifiesto, según algunos análisis, desafíos más amplios en la aplicación de la ley y la integridad institucional en el país, particularmente en casos que involucran a personas con vínculos cercanos al poder político. Se ha instado a una investigación exhaustiva sobre el proceso de adquisición, financiamiento y las autorizaciones ambientales otorgadas, así como el posible conocimiento de estas gestiones por parte de altas autoridades.
La situación actual del predio dista considerablemente de su potencial como área de conservación y manejo sostenible, planteando interrogantes sobre la efectividad de las regulaciones ambientales y agrarias en Bolivia.
Se solicitaron comentarios a los involucrados y a las instituciones pertinentes sobre estos hechos, pero no se obtuvo respuesta
