La disminución en la producción y comercialización de gas natural en Bolivia está generando un impacto económico significativo en el país. Esta situación se ve agravada por las considerables inversiones realizadas en plantas de procesamiento e industrialización, las cuales corren el riesgo de convertirse en activos subutilizados o lo que se conoce popularmente como elefantes blancos.
Se ha señalado que la falta de una planificación adecuada es un factor clave que contribuye a que estas grandes inversiones estén próximas a perder su utilidad plena. Un ejemplo de ello es la Planta Separadora de Líquidos, que, según reportes, opera a solo la mitad de su capacidad, funcionando de manera intermitente debido a la escasez de gas.
De manera similar, las termoeléctricas construidas para generar energía eléctrica para el país, que dependen del gas para operar, podrían enfrentar una situación parecida en los próximos años. La falta de políticas efectivas orientadas al descubrimiento de nuevos yacimientos podría llevar a que estas plantas dejen de producir y se sumen a la lista de infraestructuras subutilizadas. La termoeléctrica ubicada en Llallagua, en la región sur del Chaco, ya estaría experimentando racionamientos. Expertos en hidrocarburos estiman que la producción de gas boliviano podría tener una vigencia de no más de dos años.
Las proyecciones indican que, si no se concretan nuevos descubrimientos de reservas de gas, Bolivia podría pasar de ser un país exportador a uno importador de este recurso entre los años 2029 y 2030. En este escenario, Argentina, a quien Bolivia solía vender gas, podría convertirse en el proveedor, aprovechando la infraestructura de ductos ya instalada.
Existe un cuestionamiento sobre la inacción del gobierno actual en materia de exploración y explotación de hidrocarburos. Se considera que las futuras autoridades tendrán la tarea de implementar políticas que resulten atractivas para atraer inversión extranjera al sector. Se ha propuesto la necesidad de modificar la ley de hidrocarburos vigente o aprobar una nueva normativa. El argumento es que una ley que ofrezca seguridad jurídica y condiciones favorables es fundamental para que las inversiones externas regresen al país
