El gobierno nacional, encabezado por el presidente Luis Arce, presentó un conjunto de disposiciones destinadas a mitigar los efectos de la actual coyuntura económica. En un acto que contó con la participación de gran parte de su gabinete, el mandatario anunció la implementación de once medidas concretas, respaldadas por siete decretos supremos. Posteriormente, los responsables de las distintas carteras de Estado ofrecieron detalles y ampliaron el alcance de estas iniciativas.
Tras reconocer las preocupaciones ciudadanas relacionadas con la escasez de combustibles y la disponibilidad de divisas, el presidente delineó los ejes principales de la respuesta gubernamental. En sus declaraciones, hizo referencia a la demora en la aprobación de créditos internacionales como uno de los factores que inciden en la situación que atraviesa el país.
Desde el ámbito de la defensa, se anunció un refuerzo en el control fronterizo mediante el despliegue de personal militar. Atendiendo a directrices presidenciales, se ha instruido al mando militar la ejecución de un plan específico contra el contrabando en todo el territorio nacional. Esto implica la incorporación de 1.480 efectivos adicionales a los 400 ya dedicados a esta labor. El objetivo de este incremento en el patrullaje es impedir la salida ilegal de productos nacionales, una práctica detectada en diversas zonas de frontera, buscando así contrarrestar el contrabando inverso. Complementariamente, se ha puesto en marcha un nuevo sistema digital para el seguimiento del transporte de animales vivos, alimentos, carnes, huevos, aceites y otros productos, a través de guías de movimiento gestionadas por el Senasag. Las medidas de control también abarcan las estaciones de servicio y el monitoreo del recorrido de las cisternas de distribución de combustible.
En el sector justicia, se hizo un llamado a los gobiernos autónomos municipales para que intensifiquen la fiscalización del precio y peso justo de los alimentos y productos esenciales de la canasta familiar, y para que apliquen las acciones legales pertinentes contra la especulación, el agio y delitos asociados. Asimismo, se exhortó al Ministerio Público y al Órgano Judicial a actuar con celeridad en la tramitación de las denuncias relacionadas con estas prácticas.
Por su parte, el ministerio de desarrollo rural y tierras informó sobre la existencia de diecisiete programas de incentivo a la producción agrícola, a los que ahora se suman iniciativas específicas para el maíz y el arroz, con el fin de aumentar su producción y reducir pérdidas. Se detalló que el Decreto Supremo 5398 habilita un fideicomiso de 22 millones de bolivianos destinado a pequeños productores para mejorar sus rendimientos. Adicionalmente, el Decreto Supremo 5401 establece un arancel cero para la importación de pollitos bebé, insumos sanitarios y todo lo necesario para la producción de aceite, buscando facilitar que los industriales puedan ofrecer este producto a un precio accesible. La continuidad de las ferias del productor al consumidor en diversas localidades del país fue también destacada como una medida de apoyo.
En cuanto a la provisión de combustibles, se comunicó que a partir del 26 de mayo se iniciaría la normalización en el suministro para el eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), extendiéndose de manera paulatina al resto de los departamentos, con la expectativa de reducir las filas. Se hizo un llamado a la población a evitar la especulación, señalando que, aunque el suministro no fue al cien por ciento, sí hubo continuidad. Se explicaron las medidas de control establecidas por el Decreto Supremo 5400, que abordan dos aspectos: por un lado, se limita el volumen de carga para vehículos convertidos a GNV que adquieren grandes cantidades, asignándoles solo el volumen necesario para su funcionamiento y vendiendo el excedente a precio internacional para evitar el acopio y la especulación. Por otro lado, se realizará un seguimiento al destino del combustible adquirido en bidones, ante el crecimiento en la compra por parte de personas que no pertenecen al sector agrícola o productivo y que lo desvían para reventa o fines ilícitos. Se aclaró que estas disposiciones no afectarán a transportistas ni al sector productivo, estando dirigidas exclusivamente a impedir el acopio y la desviación ilegal de combustible.
Finalmente, desde el ministerio de economía, se anunció la autorización, desde una fecha reciente, para la venta de productos financieros en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). El Banco Central de Bolivia implementará productos de ahorro indexados a la UFV para preservar el poder adquisitivo de los ahorros. Asimismo, el Decreto Supremo 5404 incrementa el umbral para la internación de divisas al país, pasando de 10.000 a 50.000 dólares estadounidenses, facilitando su ingreso con la simple presentación de un formulario. Un incentivo adicional al ahorro en el sistema financiero se establece a través del Decreto Supremo 5403, que eleva el límite de saldo en caja de ahorro que genera un interés del 2%, pasando de un promedio de 70.000 a 100.000 bolivianos, con el fin de garantizar y estimular el ahorro
