Un tribunal con sede en Santa Cruz ha desestimado una acción popular que buscaba impugnar la habilitación de ocho organizaciones políticas para participar en las próximas elecciones generales. La decisión judicial, emitida este viernes, representa un avance significativo para el desarrollo del calendario electoral a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La acción legal había sido interpuesta por el abogado Humberto Vidaurre, quien cuestionó la validación de los ocho partidos por parte del TSE. El argumento central del demandante se basaba en el presunto incumplimiento por parte de estas agrupaciones de los requisitos de adecuación a la normativa vigente, específicamente a una ley promulgada en septiembre de 2018. Según el abogado, algunas de estas organizaciones no se adaptaron a la ley, mientras que otras lo hicieron después de la fecha límite establecida, el 31 de diciembre de 2021.
Las organizaciones políticas señaladas en la acción eran el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Autonomía Para Bolivia-Súmate (APB-Súmate), Unidad Nacional (UN), Demócratas, Acción Democrática Nacionalista (ADN), Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) y Morena.
La resolución judicial que denegó la acción popular se produjo tras una audiencia celebrada durante la tarde de este viernes. Desde el TSE, la decisión fue recibida con alivio. Un vocal de la entidad electoral manifestó que este dictamen permite a la institución continuar sin obstáculos con el cronograma previsto para los comicios, que se encuentran a aproximadamente 86 días de distancia.
Este fallo judicial se alinea con una directriz emitida previamente por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El TCP instruyó a las salas constitucionales y jueces de garantía de todo el país a resolver de manera expedita las acciones judiciales relacionadas con el proceso electoral.
La instrucción del TCP subraya que ninguna acción judicial debe alterar o modificar el calendario electoral establecido ni tampoco retrotraer las etapas del proceso que ya se han completado. El presidente del TCP explicó que esta medida busca asegurar la continuidad y el orden del proceso electoral, exigiendo la resolución inmediata de los casos vinculados que lleguen a conocimiento de los tribunales y jueces
