Las estadísticas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en Tarija revelan un alto número de denuncias por hechos de violencia durante los primeros cinco meses del año 2025, alcanzando un total de 755 casos. La incidencia se concentra mayormente en los municipios de Cercado, Bermejo, Yacuiba, Villa Montes y San Lorenzo.
Al desglosar estas cifras, se observa que la violencia familiar o doméstica constituye la categoría predominante, sumando 594 de los 755 reportes. Otras tipologías incluyen abuso sexual (37 casos), violación a niña, niño o adolescente (29), violación (47) y estupro (14). La marcada prevalencia de la violencia intrafamiliar, que representa cerca del 80% del total, subraya su rol como factor principal en la desintegración familiar y el abandono infantil.
Expertos en la temática y representantes de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres han expresado preocupación ante estos elevados indicadores. Señalan que la persistencia de estas cifras sugiere una falta de efectividad en las acciones implementadas por las diversas instituciones estatales para lograr una reducción significativa de los casos.
Para abordar de manera efectiva la prevención y atención de la violencia, se considera esencial la asignación adecuada de recursos financieros. Sin embargo, se ha señalado la ausencia de datos oficiales transparentes respecto a los presupuestos que las instituciones públicas destinan específicamente a este fin. Existe normativa que establece la obligación de municipios y gobernaciones de asignar partidas presupuestarias para la lucha contra la violencia, pero la falta de información pública dificulta evaluar su cumplimiento y suficiencia. Se enfatiza la necesidad de que tanto entidades públicas como privadas continúen invirtiendo en programas de prevención.
Asimismo, en el contexto electoral actual, se ha cuestionado la ausencia de propuestas concretas por parte de los candidatos de diversas organizaciones políticas para enfrentar la violencia de manera frontal y para promover una mayor visibilidad y participación de las mujeres en espacios de decisión que les permitan impulsar acciones efectivas.
Un aspecto recurrente y crítico es el acceso oportuno a la justicia para las víctimas. La sobrecarga procesal y el elevado número de denuncias que, en ocasiones, terminan archivadas en los juzgados, constituyen obstáculos significativos que a menudo llevan a las mujeres a desistir de sus procesos. La FELCV recibe diariamente un promedio de 5 a 15 denuncias, mayoritariamente vinculadas a hechos de violencia, pero en este ámbito también se evidencian deficiencias en la calidad y calidez de la atención brindada a las víctimas, lo que puede generar revictimización al momento de presentar su denuncia.
Ante esta situación, se reitera la demanda de larga data para la creación de un juzgado especializado dedicado exclusivamente a los casos de violencia contra las mujeres, una medida que se considera fundamental para agilizar y mejorar la eficiencia en la resolución de estos procesos judiciales.
Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, se reconocen importantes desafíos en la atención de estos casos. Uno de los principales es lograr que las víctimas desarrollen la confianza necesaria en los investigadores para aportar datos clave que permitan la identificación y aprehensión de los autores de los hechos. El desafío mayor, sin embargo, es la erradicación misma de la violencia. Esta meta está intrínsecamente ligada a la labor preventiva, considerando que la violencia es un comportamiento que puede ser imitado. Por ello, se enfatiza la necesidad de trabajar preventivamente en el seno mismo de las familias, consideradas la base fundamental de la sociedad.
La visión y misión institucional de la FELCV se centran en la prevención de todo tipo de violencia y en garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos.
En un contexto nacional, Tarija se posiciona como el segundo departamento con mayor índice de violencia en Bolivia, superado únicamente por Santa Cruz. Datos consolidados de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y el Servicio Departamental de Salud (SEDES) correspondientes al primer trimestre de 2025 respaldan esta afirmación, registrando un elevado número de casos vinculados a diversas formas de agresión
