Manfred Reyes Villa, quien postula a la presidencia y actualmente ejerce como alcalde de Cochabamba, emitió un llamado enérgico solicitando total transparencia y estricto apego a la normativa legal en el manejo del proceso de explotación del litio en el país. Esta declaración se produce en un momento clave, poco después de que una decisión judicial emanada de un juzgado en Colcha K ordenara la paralización del tratamiento legislativo de los contratos relacionados con la explotación de este recurso estratégico, condicionando su avance a la presentación previa de estudios de impacto ambiental.
El candidato enfatizó la necesidad de que el gobierno boliviano actúe con veracidad ante la ciudadanía. Asimismo, subrayó la importancia fundamental de considerar y atender las perspectivas de las comunidades indígenas y de aquellas poblaciones directamente impactadas por las actividades extractivas. Reyes Villa cuestionó la información proporcionada por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), señalando que, a su juicio, contradice las afirmaciones de diputados y representantes de la región de Potosí, quienes sostienen que ciertas empresas ya estarían operando sin contar aún con los contratos legalmente requeridos.
Al exponer su propuesta, el postulante a la primera magistratura delineó un modelo donde el Estado funcione como un facilitador clave, colaborando estrechamente con el sector privado. Este enfoque, según explicó, buscaría garantizar la llegada de inversiones, fomentar el desarrollo económico y, simultáneamente, asegurar el pleno respeto tanto a la Constitución Política del Estado como a los derechos de los pueblos indígenas. Insistió en que la industrialización del litio debe concebirse como una oportunidad equitativa para el conjunto de los bolivianos, y no limitarse a ser un beneficio exclusivo para un grupo reducido.
Finalmente, resaltó que la responsabilidad de liderar este desafío histórico que representa la industrialización del litio recaerá en la próxima administración gubernamental. Para lograrlo de manera efectiva, consideró indispensable actuar con total transparencia, ofrecer seguridad jurídica a los inversores y generar beneficios tangibles que contribuyan a la transformación del país. Este debate sobre el futuro del litio se da en un contexto nacional marcado por una compleja situación económica y la proximidad de las elecciones generales, previstas para agosto, donde la explotación de este mineral es vista como una de las principales esperanzas para la reactivación
