Cientos de motores destinados a la modernización del transporte público en Tarija continúan retenidos debido a un prolongado proceso judicial. Estos 200 motores, adquiridos con el propósito de facilitar la transición de vehículos diésel a gas y generar importantes ahorros en combustible, permanecen inaccesibles.
La adquisición de estos equipos se remonta a una administración departamental anterior, con un costo total de 16 millones de Bolivianos. Si bien se realizó un pago inicial que superó los 10 millones de Bolivianos, aún persiste una deuda pendiente superior a los 6 millones de Bolivianos con el proveedor.
El sector del transporte ha planteado una propuesta para resolver la situación financiera, sugiriendo una división del monto restante. Proponen que la Gobernación aporte aproximadamente 3 millones de Bolivianos, mientras que los transportistas cubrirían los otros 3 millones de Bolivianos. Un aspecto clave en el litigio actual es que la empresa proveedora habría retirado la garantía de los motores. Los representantes del transporte argumentan que, debido a esta circunstancia, la contribución de la Gobernación debería limitarse a los 3 millones de Bolivianos propuestos.
Desde el inicio de la gestión del actual gobernador, el sector del transporte ha solicitado activamente que se impulse y agilice el proceso legal para liberar estos motores. Afirman que, contrariamente a algunas versiones, tienen un gran interés en recibir los equipos. Indican que en su momento se verificó que los motores se encontraban en perfectas condiciones operativas. Incluso, se habían preparado listados de transportistas beneficiarios en todo el departamento, incluyendo las provincias, y se manifestaron dispuestos a encargarse de la instalación y de cubrir los costos adicionales necesarios.
La disputa se encuentra actualmente en instancias judiciales, enfrentando a la administración departamental y a un representante de la empresa. El liderazgo del transporte ha expresado frustración por la falta de avances en la resolución del caso y ha criticado la gestión legal de la Gobernación en este asunto. Consideran que factores políticos podrían estar obstaculizando una solución.
Según información proporcionada por el sector, los motores, que inicialmente se encontraban en un depósito del transporte pesado, fueron trasladados y ahora estarían bajo custodia del representante de la empresa en un almacén en la zona de San Mateo, aunque su ubicación exacta no ha sido precisada. Se ha señalado que la empresa original que realizó la venta ya no existe, quedando únicamente un representante. El transporte considera que esta situación podría ser favorable para una resolución judicial a su favor.
La disponibilidad de estos motores a gas es vista como particularmente crucial en el contexto actual de escasez de combustible. El transporte ha insistido ante las autoridades departamentales y nacionales sobre la importancia de poner estos equipos en funcionamiento. Incluso se han mantenido conversaciones con el gobierno central explorando la posibilidad de obtener apoyo para cubrir la parte de la deuda que correspondería a la Gobernación.
El sector del transporte lamenta que la falta de acuerdo y la lentitud del proceso judicial estén generando perjuicios directos, impidiendo la modernización planificada y el ahorro significativo que el uso de estos motores permitiría
