Las autoridades del Gobierno Departamental de Tarija, a través de su secretaría encargada de recursos naturales y medio ambiente, han formalizado una presentación judicial ante el Juzgado Agroambiental de Villa Montes. Esta acción busca la adopción de medidas cautelares de carácter ambiental en relación con la situación del río Pilcomayo. Paralelamente, se ha anunciado la intención de iniciar un proceso penal contra las personas identificadas como responsables.
La acción judicial se dirige específicamente contra los titulares de concesiones pesqueras presuntamente involucrados en la instalación de dispositivos de pesca prohibidos en el sector conocido como El Angosto, dentro del río Pilcomayo. Quienes resulten responsables de estas prácticas podrían enfrentar la anulación inmediata de sus concesiones y penas de prisión que alcanzarían hasta los cuatro años, al considerarse que atentan contra la biodiversidad fluvial y obstaculizan la migración natural de especies como el sábalo. La denuncia inicial tiene un carácter preventivo, orientada a lograr la destrucción de estas estructuras ilegales, y ya ha sido radicada ante la instancia judicial competente en Villa Montes.
Se ha enfatizado que la depredación en el río Pilcomayo no quedará impune. Las medidas adoptadas apuntan directamente a los propietarios de permisos de pesca implicados en la colocación de trampas no autorizadas en la zona del Angosto, un punto crucial en la ruta migratoria del sábalo hacia las áreas de desove en la cuenca alta del río.
Desde el ámbito gubernamental se ha manifestado una postura de cero tolerancia. La legislación vigente prohíbe de manera explícita la obstrucción de los movimientos migratorios de las especies acuáticas y el uso de artes de pesca no permitidas. Se ha asegurado que las personas que han instalado estas trampas en el Pilcomayo deberán responder por sus actos ante la justicia. Esta determinación surge tras verificaciones realizadas en el sitio, que incluyeron encuentros con pescadores, técnicos especializados en fauna y representantes de entidades regionales.
Las sanciones previstas por la normativa actual son considerables. Se contempla, por un lado, la reversión de las concesiones pesqueras a los infractores. En el ámbito penal, las penas de privación de libertad oscilarían entre los tres y cuatro años. Se considera que este tipo de acciones constituye un grave atentado contra un bien natural de dominio estatal, como lo es la fauna ictícola del Pilcomayo.
Durante las inspecciones iniciales, se detectaron tres trampas ilegales, cifra que posteriormente se elevó a cinco, incrementando la preocupación de las autoridades. Como respuesta, se activaron disposiciones precautorias en el tramo que abarca desde el puente Ustárez hasta el puente Sábalo, un área de particular relevancia para el ciclo reproductivo del sábalo, que realiza su migración desde el bañado La Estrella hacia las cuencas ubicadas en territorio boliviano.
La presentación formal de la denuncia ante el Juzgado Agroambiental de Villa Montes ya se ha concretado. Existe la expectativa de que la respuesta judicial sea expedita, dada la naturaleza temporal de los procesos migratorios de los peces, pues la inacción oportuna podría comprometer el ciclo reproductivo.
Los grupos mencionados en la denuncia incluyen a varios concesionarios que han sido identificados. El propósito fundamental, según se ha explicado, es sentar un precedente legal sólido. Se busca corregir hábitos perjudiciales que, según se estima, se han mantenido por varias décadas. La intención es asegurar el cumplimiento de la ley y que las concesiones pesqueras sean otorgadas a individuos y entidades que demuestren un compromiso real con la preservación del medio ambiente y el respeto a las normativas estatales.
La iniciativa del Gobierno Departamental también apunta a la erradicación de prácticas perjudiciales, como el uso de trampas que bloquean el flujo natural del río, promoviendo en su lugar la utilización de artes de pesca autorizadas, como la malla pollera, la malla de arrastre o las técnicas tradicionales conocidas como tijeras.
Con esta acción legal, el Gobierno Departamental no solo busca sancionar a los responsables de las infracciones, sino también impulsar una transformación sustancial en la administración de las concesiones pesqueras, orientándola hacia actores comprometidos con la sustentabilidad ambiental y una pesca responsable
