Una orden de aprehensión ha sido emitida contra el exministro de Justicia, César Siles Bazán, en el marco de la investigación conocida como caso Consorcio. Esta pesquisa judicial busca desentrañar una presunta red dedicada a la manipulación del sistema de justicia, utilizando presiones e influencias indebidas para favorecer a determinados actores.
Fuentes oficiales del Ministerio Público confirmaron la medida, indicando que la decisión se fundamenta en los elementos de prueba más recientes incorporados a la investigación. Esta acción judicial se produce tras la revelación pública de la denuncia hace aproximadamente una semana y la subsiguiente renuncia del exfuncionario días después, en medio de crecientes señalamientos.
La pesquisa central gira en torno a un supuesto esquema dirigido a remover de manera irregular a la magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, con el propósito de facilitar la asunción de su suplente, Iván Campero.
Un testimonio considerado clave en el avance de la investigación proviene de Fernando Marcelo Lea Plaza, juez mixto de Coroico, quien actualmente cumple detención preventiva en el penal de San Pedro. Según su declaración ampliada, el juez afirmó haber sido objeto de presiones para emitir una resolución contraria a Coaquira, bajo la amenaza de perder su puesto. En su relato, señaló directamente a César Siles, junto al magistrado suplente Campero, la exvocal Claudia Castro y el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova.
El juez detalló que fue contactado por Castro en mayo, quien no solo lo habría persuadido de firmar un documento legal pre-redactado, sino que también le habría adelantado que se reuniría con el entonces ministro Siles, el fiscal departamental y otras autoridades, quienes le impartirían la orden expresa para proceder. Incluso describió un encuentro relevante en una oficina ubicada en el Shopping Norte de La Paz, donde se le habría explicado que la operación contaba con el respaldo del ministro, del consejero de la Magistratura Manuel Baptista, y que era de conocimiento del TSJ y del Tribunal Constitucional.
El 9 de junio se habría producido el contacto con Siles, un hecho supuestamente registrado en un audio que ha sido difundido y que desencadenó el escándalo. En dicha grabación, el entonces titular de Justicia le habría ofrecido garantías para llevar a cabo la suspensión de Coaquira sin consecuencias negativas.
Paralelamente, en la mañana del miércoles, se procedió a la aprehensión del abogado José Ramiro Uriarte Ortiz. Uriarte Ortiz es señalado como parte del presunto consorcio y de haber patrocinado la acción constitucional que buscaba la destitución de la magistrada Coaquira. Fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen cubriendo su rostro y con esposas. El abogado Uriarte Ortiz ya había tenido participación en otros casos de relevancia pública, como la presentación de una acción de libertad a favor de María Eugenia Choque, expresidenta del TSE, en 2020, y la defensa del coronel Maximiliano Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, quien enfrenta acusaciones por tráfico internacional de drogas y armas.
Asimismo, el Ministerio Público mantiene bajo investigación a Óscar Antonio de la Fuente Amelunge y Sergio Edwin Sarmiento Choque por presuntos delitos de tráfico de influencias, consorcio entre responsables del servicio judicial y falsificación de documentos. De la Fuente registra antecedentes por extorsión y presuntos vínculos con el caso Golpe I, mientras que Sarmiento, quien supuestamente trabaja como auxiliar del TDJ de La Paz, fue mencionado por Lea Plaza como una de las personas al tanto de la operación.
En otro frente de la investigación, ayer se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares para Claudia Castro, a quien se considera una figura central en la supuesta red. Aunque la representación del Ministerio Público solicitó detención preventiva por un periodo de seis meses, la autoridad judicial determinó finalmente una detención preventiva por 120 días. Ante esta decisión, la abogada de Lea Plaza, Zuleika Lanza, manifestó su desacuerdo. Argumentó que, en aras de la igualdad procesal, presentará una apelación, considerando que Castro fue quien elaboró la resolución en cuestión y, a su juicio, es autora material e intelectual del documento que originó el escándalo.
Respecto a las objeciones sobre la documentación presentada por la magistrada Fanny Coaquira para su habilitación como candidata, el fiscal general Mariaca aclaró que la responsabilidad de verificar dichos requisitos recaía en las comisiones de la Asamblea Legislativa. Enfatizó que ellos eran el filtro y si no cumplieron su labor, eso no le incumbe al Ministerio Público, defendiendo al mismo tiempo que Coaquira fue elegida legítimamente por voto popular en La Paz, a pesar de la posible ausencia o dolo en la presentación de los requisitos para su postulación.
La investigación sobre este caso continúa en curso, y fuentes cercanas al proceso no descartan la posibilidad de que se emitan nuevas órdenes de aprehensión
