Una funcionaria del gobierno municipal de Tarija ha expresado su firme convicción de que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) debería cesar sus operaciones. Según su criterio, la existencia de esta entidad ha generado divisiones internas y ha sido testigo de prácticas discriminatorias en la distribución de productos esenciales.
La representante señaló que, durante períodos de escasez de artículos como el arroz y el aceite, la asignación de estos bienes a barrios populosos resultó insuficiente, atendiendo a un número limitado de familias y provocando descontento y conflictos a nivel comunitario. Incluso, se reportaron casos donde ciertos sectores de la ciudad fueron excluidos de la distribución, bajo el argumento de no necesitar acceso a productos básicos de la canasta familiar. La funcionaria cuestionó los criterios de selección empleados por EMAPA, mencionando que algunos barrios son catalogados como prósperos, lo que justifica, a su parecer, la negación de acceso a estos recursos.
Además de las divisiones internas, la concejal subrayó el considerable gasto en personal que implica el mantenimiento de EMAPA, argumentando que los recursos podrían ser mejor empleados. Al visitar los puntos de venta de la empresa, observó que los precios de los productos no se ajustan a la realidad económica de la población, lo que la lleva a concluir que la entidad no representa una solución viable para los ciudadanos. Por el contrario, considera que su operación constituye una competencia desleal para los emprendedores locales que comercializan productos similares. La funcionaria también mencionó la inherente inestabilidad que caracteriza a instituciones como EMAPA.
En otro orden de asuntos, se informó que un proyecto de ley destinado a regular precios y pesos justos se encuentra en proceso de análisis en la comisión de Economía del Concejo Municipal. Se ha concedido una extensión de plazo para su estudio, a solicitud de los sectores involucrados, quienes han pedido una mayor socialización de la propuesta. Los panificadores, en particular, han solicitado una ampliación del diálogo sobre la iniciativa.
Paralelamente, se ha elevado a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia una propuesta de ley nacional, impulsada conjuntamente por el sector de panificadores de Cercado y la concejal. El objetivo principal de esta normativa es la liberación de aranceles para la importación de harina y otros insumos esenciales para la producción de pan, con el fin de reducir los costos de fabricación. Si bien existía un decreto supremo que eximía el gravamen arancelario, este no abarcaba otros impuestos ni los costos burocráticos asociados a la certificación de importación.
Se espera que la Asamblea Plurinacional agilice el tratamiento de este proyecto de ley. La funcionaria lamentó que la atención gubernamental esté enfocada en disputas internas, descuidando la concertación de acuerdos con otros países para la importación de harina. Actualmente, solo se cuenta con un convenio con Argentina, cuando existen oportunidades para establecer acuerdos similares con naciones como Paraguay y Perú. La propuesta legislativa también contempla la libre importación de manteca y levadura, buscando así garantizar la competitividad del sector y prevenir la especulación.
A pesar de una reciente disminución en el precio de la harina, los costos de los insumos para la elaboración de pan continúan siendo elevados. La concejal enfatizó la importancia del pan como producto fundamental en la canasta familiar y describió la complejidad de la problemática. En reuniones previas, autoridades de EMAPA habrían manifestado la imposibilidad de garantizar subsidios a nivel nacional, debido a la carga burocrática. Ante esta situación, se solicitó a EMAPA que provea harina a Tarija sin subsidio, pero a un precio accesible. Dada la falta de una solución satisfactoria, se ha presentado el proyecto de ley nacional, encomendando a la diputada Viviana Aparicio su presentación en La Paz
