El Estado ha reforzado sus medidas de vigilancia en las zonas limítrofes para contrarrestar la salida ilícita de productos alimenticios nacionales hacia países vecinos. Esta iniciativa busca salvaguardar la estabilidad económica del país y asegurar el abastecimiento interno.
Una lista específica de alimentos, considerados de protección especial, ha sido definida para ser objeto de estos controles. Entre los productos incluidos se encuentran el arroz, el azúcar, la harina de trigo, el aceite de soya, los huevos de gallina, la carne de res, la carne de pollo, la carne de cerdo, el tomate, el maíz amarillo, la soya en grano y el arroz en chala.
La legislación vigente tipifica como delito de contrabando de exportación agravado la extracción o el intento de extracción de territorio nacional de estos productos protegidos, sin la debida autorización. Asimismo, se considera ilícito el almacenamiento o transporte de dichos alimentos dentro de un perímetro de cincuenta kilómetros desde la frontera. Las penas por este ilícito contemplan penas de privación de libertad de diez a catorce años, además del decomiso de los productos y la confiscación de los medios utilizados para cometer el delito.
Los operativos de control en las áreas fronterizas para los alimentos bajo protección específica son llevados a cabo por el Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando. Estas acciones se desarrollan en estrecha colaboración con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando y cuentan con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Dicho accionar se enmarca en normativas que facultan a estas entidades para realizar aprehensiones, emplear la fuerza de manera legítima y, en caso de ser necesario, utilizar armamento de fuego.
En caso de detectarse la presunta comisión del delito de contrabando de exportación agravado, las autoridades intervinientes procederán a la detención de los presuntos responsables y al decomiso de los alimentos protegidos y los instrumentos del delito. Posteriormente, se informará al Ministerio Público para que dirija las investigaciones, y a la Aduana Nacional, la cual presentará la denuncia formal ante la instancia judicial correspondiente.
La ciudadanía es informada sobre estos mecanismos de control fronterizo y la represión del contrabando de exportación agravado, con el fin de comprender el rol de cada institución en la defensa de la economía nacional
