Doce procesos judiciales que pesaban sobre el alcalde de Cochabamba han sido declarados nulos. Esta resolución se produce como resultado de una gestión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que intervino para ofrecer una medida de reparación ante las circunstancias en que las autoridades estatales llevaron adelante los juicios.
El propio alcalde ha señalado que su recurrencia a instancias internacionales, específicamente a la CIDH, culminó con el reconocimiento de la validez de su reclamo tras un proceso que se extendió por más de una década. Dicha admisión, según sus declaraciones, habilita la restitución de sus derechos a través de mecanismos legales que garanticen el debido proceso, apuntando a un juicio de responsabilidades.
Por su parte, la Procuraduría General del Estado emitió previamente una comunicación desmintiendo cualquier tipo de negociación con la CIDH para la anulación de los procesos. En su lugar, atribuyó la decisión a una determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional.
La acción legal contra el Estado boliviano se inició en agosto de 2008. Durante los trece años siguientes, hubo requerimientos tanto de la CIDH al Estado como al demandante. Finalmente, el 20 de mayo de 2021, la Comisión comunicó a Bolivia la aceptación del caso, dando paso a una etapa de conciliación, previa a un eventual juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta fase de conciliación es confidencial y, en caso de no alcanzarse un acuerdo, el caso procede a juicio; de lo contrario, se da por cerrado.
En su presentación ante la CIDH, el alcalde argumentó la vulneración de diversos derechos civiles en el marco de los doce procesos en su contra, señalando que estos fueron impulsados por individuos con vínculos al gobierno.
En su defensa, los representantes legales del Estado boliviano sostuvieron que el afectado nunca presentó denuncias formales sobre la supuesta vulneración de sus derechos ante el Ministerio Público y que las actuaciones judiciales se caracterizaron por la imparcialidad y la transparencia. Sin embargo, estos argumentos no lograron persuadir a los magistrados internacionales
