Una inspección de rutina llevada a cabo por la autoridad de protección al consumidor en el mercado Bolívar de Tarija ha puesto de manifiesto prácticas de especulación en la venta de aceite. Se detectó que un puesto de venta estaba ofreciendo bidones de aceite de producción nacional a un precio significativamente superior al establecido. El producto, cuyo valor máximo debería ser de 16 bolivianos por unidad de 900 ml, se estaba comercializando a 24 bolivianos.
Según la responsable local de Defensa al Consumidor, Silvia Palacios, el precio mayorista de este aceite se fija en 14 bolivianos, permitiendo un margen de ganancia razonable que no debería exceder el 20% en su venta al público. Palacios señaló que este sobreprecio, que ascendía a 8 bolivianos por bidón, es una clara evidencia de agio y especulación por parte de algunos comerciantes. Además, se constató que el aceite light, que debería costar 24 bolivianos, se estaba vendiendo a 27 bolivianos.
Durante el operativo, se observó que la comerciante implicada intentaba ocultar el producto detrás de otros artículos. Ante esta situación, las autoridades procedieron a la intervención del puesto, obligando a la propietaria a ajustar sus precios al valor normado. La comerciante no pudo proporcionar una justificación clara para el incremento, ofreciendo versiones contradictorias sobre el origen de la mercancía, lo que impidió verificar la cadena de suministro y las razones del sobreprecio.
La acción de las autoridades fue recibida con aprobación por los consumidores presentes en el mercado. Quienes acudieron a realizar sus compras calificaron el aumento de precios como una estafa, especialmente en el contexto de la actual crisis económica que impacta directamente en la economía familiar. Los ciudadanos expresaron su descontento ante la actitud de algunos vendedores que buscan maximizar sus ganancias en detrimento del bolsillo de la población.
La autoridad de protección al consumidor ha hecho un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier incremento injustificado en el precio de los productos básicos. Se advirtió que no se descartan acciones legales, incluyendo denuncias penales, contra quienes incurran en prácticas de agio y especulación en la comercialización de bienes esenciales
