Bolivia enfrenta una creciente crisis en el suministro de medicamentos, una situación que ya se manifiesta con claridad en la ciudad de La Paz y amenaza con extenderse rápidamente a otros departamentos. Esta problemática se atribuye principalmente a la escasez de divisas y a las deficiencias en los procesos de licitación pública para la adquisición de fármacos.
En Tarija, las autoridades sanitarias municipales han emitido una seria advertencia: los centros de salud de primer y segundo nivel, así como el Hospital San Antonio, podrían quedarse sin existencias de medicamentos en un plazo de dos meses. Desde la secretaría de Salud del Gobierno Municipal de Cercado se ha confirmado que el desabastecimiento ya impacta la cadena de suministros. Aunque la Farmacia Municipal aún cuenta con stock, las señales de alarma son innegables. Se proyecta que la situación crítica podría presentarse en Cercado en los próximos sesenta días. Esta preocupación se fundamenta en la caída de al menos nueve procesos de licitación para la compra de medicamentos durante el último mes, debido a un incremento sustancial en los precios, que en algunos casos se han triplicado. La causa principal de este encarecimiento es la dificultad para acceder a dólares, moneda indispensable para la importación de la mayoría de los fármacos, que provienen de países como India, Chile o Ecuador. Estos proveedores no aceptan bolivianos, lo que ha disparado los costos y ha dejado a los ofertantes fuera de competencia, al no poder sostener los precios referenciales establecidos en las convocatorias.
Mientras la inquietud crece en Tarija, en La Paz los efectos de la crisis ya son palpables. El Colegio Médico de La Paz ha alertado sobre un déficit estimado del 30% en la disponibilidad de medicamentos en los hospitales del sistema público, afectando de manera particular a pacientes con enfermedades crónicas. La escasez de divisas impide que los fármacos lleguen a las empresas farmacéuticas, y esta situación también repercute en el sistema de seguridad social, donde, pese a haberse realizado adquisiciones, varios medicamentos no se encuentran disponibles. Fármacos esenciales para el tratamiento de la hipertensión, diabetes, problemas gástricos e incluso terapias oncológicas, ya presentan escasez o han experimentado un incremento significativo en sus costos. La población más vulnerable sufre las consecuencias directas, con pacientes que acuden a los hospitales públicos siendo derivados a farmacias privadas para adquirir recetas que antes recibían sin costo alguno. Ante este panorama, organizaciones sociales como el Pacto Urbano de La Paz han iniciado movilizaciones, denunciando el desabastecimiento en hospitales de las zonas Sur y Norte, y enfatizando que el problema no se limita a la sede de Gobierno.
Autoridades municipales de salud han señalado al Gobierno nacional como responsable de la falta de respuestas, destacando que la problemática no se circunscribe a un solo municipio, sino que afecta a todo el país. A pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos municipales por anticiparse a la crisis mediante compras y almacenamiento, la interrupción de los procesos de contratación por la escasez de dólares se ha convertido en una constante. Se ha insistido en que la acción debe provenir del nivel central del Estado. A través del Servicio Departamental de Salud (Sedes), ya se ha elevado la solicitud al ámbito nacional para que, mediante la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (Liname), se establezcan nuevos precios que permitan la participación de las empresas proveedoras. Cabe recordar que, a finales del mes de mayo, la dirección del Sistema Único de Salud (SUS) había indicado que el Gobierno, por medio de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), había actualizado los precios para facilitar la compra de medicamentos por parte de los hospitales, y que la normativa permitía realizar compras menores directas en caso de que las licitaciones no se concretaran.
Desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) se ha recomendado al Gobierno nacional regular y fiscalizar a las empresas importadoras y distribuidoras de medicamentos. Se argumenta que estas instancias son las que especulan con los precios a nivel nacional, ya que, a pesar de haberse establecido arancel cero para las importaciones, los medicamentos, incluidos los de producción nacional, mantienen costos elevados. La responsable de Farmacias del Sedes ha reconocido que el incremento en el costo de los medicamentos también se debe a la escasez de dólares, dado que las importadoras justifican sus operaciones basándose en la cotización del dólar paralelo, que supera los diez bolivianos
