La implementación de un sistema de fotomultas en Tarija ha desatado un intenso debate público, con la administración municipal defendiendo la iniciativa como un mecanismo crucial para mitigar la alta incidencia de accidentes de tráfico, mientras que acusa a ciertos sectores legislativos de instrumentalizar políticamente el asunto.
El director de Gestión Autonómica del gobierno local, Esteban Ortuño, manifestó su asombro ante la postura adoptada por algunos senadores, lamentando que el foco de atención se desvíe hacia esta controversia en lugar de abordar problemas de mayor urgencia para la ciudadanía, como la escasez de combustible.
Ortuño contextualizó la necesidad de estas medidas al destacar una realidad preocupante: Tarija se posiciona como el cuarto departamento con la mayor cantidad de siniestros viales en el país. Las estadísticas revelan una media de un accidente diario, y un trágico incidente reciente que resultó en una víctima fatal y un herido grave, subraya la imperiosa necesidad de acciones que refuercen la seguridad en las vías. En este escenario, la introducción de las fotomultas se presenta como una herramienta indispensable para mejorar la seguridad vial.
El funcionario municipal se refirió específicamente a la conducta de un senador, cuestionando su proceder. Afirmó que el legislador dispone de todos los mecanismos y facultades para solicitar informes de manera formal y escrita, tal como lo han hecho otros representantes, pero no ha optado por esta vía. En contraste, mencionó a un diputado que, aunque inicialmente presentó una solicitud fuera de procedimiento, rectificó su acción y formuló la petición conforme al reglamento, a la cual se le está dando la debida respuesta, la cual será remitida a la Cámara de Diputados en breve.
En cuanto al financiamiento del programa, Ortuño desmintió categóricamente que el Gobierno Autónomo Municipal esté realizando o vaya a realizar algún pago. Explicó que el sistema se sostiene exclusivamente con los ingresos generados por las propias multas. Ante esta aclaración, el director criticó la postura del senador en cuestión, calificándola como una clara politización del tema. Instó al legislador a utilizar las prerrogativas de su cargo y los recursos asociados a su función para seguir el conducto regular y presentar cualquier solicitud de información de manera adecuada, garantizando que será atendida y respondida en tiempo y forma.
La controversia en torno a las fotomultas es interpretada por el funcionario municipal como una estrategia de ciertos sectores políticos para desviar la atención de la deficiente gestión y los problemas económicos que actualmente aquejan a la región.
Esteban Ortuño enfatizó que el monto exacto de las multas aún no ha sido determinado ni cerrado. Reiteró que el sistema de fotomultas no implicará una sanción para todos los conductores. El objetivo es que únicamente aquellos que infrinjan normas claras, como el cruce de semáforos en rojo, sean los que deban pagar, una práctica común en diversas partes del mundo. Argumentó que no existe justificación para que Tarija sea una excepción a esta regla: Quien ponga en peligro la vida de una persona deberá asumir una multa, y no se comprende la objeción al respecto.
Para la administración municipal, la prioridad fundamental es la seguridad vial y la reducción de accidentes, y el programa de fotomultas es considerado una herramienta esencial para alcanzar este objetivo. La crítica principal se dirige hacia la supuesta utilización política de un asunto que, desde la perspectiva de la gestión municipal, es de vital importancia para la protección de los ciudadanos
