Los gobernadores de diversas regiones del país se congregarán este viernes en un encuentro de alcance nacional, que combinará modalidades presenciales y virtuales. El objetivo central de esta reunión es formular una exigencia al Gobierno central para que asuma la responsabilidad de ciertos pagos, incluyendo bonos, prediarios y otras obligaciones que, según las administraciones departamentales, no les corresponden.
Esta convocatoria surge en un contexto de creciente preocupación por la precaria situación económica que atraviesan las gobernaciones. La principal causa de esta vulnerabilidad financiera radica en la drástica disminución de los ingresos provenientes de las regalías del gas. Actualmente, estos fondos apenas superan los 20 millones de bolivianos, una cifra significativamente inferior a los aproximadamente 90 millones registrados en la gestión precedente y muy lejana de los 190 millones que se percibían en periodos anteriores.
En este escenario, se ha puesto de manifiesto que la normativa financiera vigente, la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías establecen claramente que el gasto público solo puede ser garantizado con recursos efectivamente recibidos. A pesar de ello, se ha denunciado que diversas órdenes judiciales han instruido débitos que afectan incluso montos no previstos en los presupuestos departamentales, una práctica calificada como ilegal y desproporcionada por las autoridades regionales.
Un ejemplo citado de estas imposiciones indebidas es la obligación de cubrir el bono vacuna destinado a funcionarios del Ministerio de Salud, una responsabilidad que, según las gobernaciones, recae directamente en el nivel central del Estado. Se ha advertido que la persistencia de estos débitos forzosos comprometerá gravemente la capacidad de las gobernaciones para financiar áreas esenciales, como la seguridad ciudadana, afectando directamente la prestación de servicios fundamentales a la población
