Un tribunal federal de Nueva York ha declarado culpable a Sean Combs de delitos relacionados con la prostitución ilegal, marcando un giro significativo en su prolongada batalla legal. Sin embargo, el reconocido empresario musical logró eludir las imputaciones más graves de trata de personas y crimen organizado, cargos que habrían conllevado una pena de prisión considerablemente más larga.
Tras poco más de dos días de deliberaciones, un jurado en la corte federal neoyorquina emitió su veredicto el miércoles 2 de julio. Combs fue hallado responsable de transportar trabajadoras sexuales a través de fronteras estatales para participar en eventos privados de varios días, denominados freak-offs, que tenían lugar en hoteles. No obstante, el jurado no encontró pruebas suficientes, más allá de toda duda razonable, de que Combs hubiera coaccionado a las mujeres para participar en dichos eventos, lo que habría constituido trata de personas. Tampoco se convencieron de que el rapero y sus colaboradores dirigieran una red delictiva organizada.
Esta absolución parcial representa un alivio considerable para Combs, quien de haber sido declarado culpable de todos los cargos, se habría enfrentado a una pena mínima de quince años de prisión y la posibilidad de cadena perpetua. En contraste, la condena por los cargos de prostitución no establece una pena mínima obligatoria, con un máximo de veinte años de prisión.
El veredicto actual es la culminación de un dramático declive en la trayectoria pública de Combs. Su caída comenzó en noviembre de 2023, cuando la artista Cassie Ventura presentó graves alegaciones de maltrato en una demanda civil. Combs alcanzó rápidamente un acuerdo extrajudicial con Ventura por 20 millones de dólares, pero esto fue seguido por una cascada de litigios similares. Esta avalancha de demandas civiles derivó posteriormente en una investigación de índole penal, que culminó con la imputación y detención de Combs en septiembre de 2024.
Durante el juicio, que se extendió por siete semanas, la fiscalía acusó a Combs de utilizar su vasta estructura empresarial musical para operar una organización criminal, conforme a la Ley RICO, una legislación federal comúnmente aplicada a estructuras del crimen organizado. La acusación sostuvo que el empresario y sus asociados incurrieron en delitos como secuestro, soborno, tráfico de estupefacientes e incluso incendio provocado, citando un incidente de 2012. Se alegó además que utilizó la fuerza y la coacción para forzar a dos mujeres, identificadas como Ventura y Jane, a participar en estos eventos, lo que la fiscalía calificó como trata de personas.
Ventura y Jane testificaron durante varios días, describiendo los supuestos abusos. El jurado también tuvo acceso a una grabación de seguridad ampliamente difundida, donde se observa al acusado agrediendo físicamente a Ventura en un pasillo de hotel y arrastrándola hacia una habitación donde se desarrollaba uno de estos encuentros. Decenas de otros individuos, incluidos antiguos colaboradores y allegados de las presuntas víctimas, también ofrecieron su testimonio.
Por su parte, la defensa de Combs argumentó a lo largo del proceso que, si bien el acusado pudo haber cometido actos de violencia doméstica reprobables, sus empleados no formaban parte de una conspiración criminal, y que las mujeres involucradas habían consentido en todos los encuentros sexuales. La estrategia defensiva se centró principalmente en mensajes de texto que, según la defensa, mostraban afecto hacia el empresario y entusiasmo por los freak-offs por parte de las mujeres. El acusado no subió al estrado, y sus abogados optaron por no presentar testigos propios, construyendo su estrategia a través de un riguroso contrainterrogatorio a lo largo del juicio.
Se espera que el empresario apele la decisión una vez se dicte la sentencia. Además, Combs continúa enfrentando múltiples demandas civiles interpuestas en su contra en los últimos dos años, que podrían resultar en significativas compensaciones económicas
