La iniciativa de la Ciudad Inteligente, implementada en 2018 bajo la administración del exalcalde Rodrigo Paz, coincidió con una asignación presupuestaria sin precedentes para proyectos de inversión pública en Seguridad Ciudadana, la más alta registrada en la última década.
Un concejal municipal ha manifestado su preocupación por la ausencia de resultados de la auditoría de este proyecto hasta la fecha. Subrayó que los objetivos primordiales de la iniciativa no se han materializado, y que una parte considerable de las cámaras de vigilancia instaladas se encuentran inoperativas. El concejal enfatizó la urgencia de esclarecer la situación para determinar responsabilidades, señalando al exalcalde Rodrigo Paz, actual candidato a la presidencia, como el principal responsable.
En contraste, un exsecretario municipal ha refutado varias de las afirmaciones sobre el proyecto, asegurando poseer documentación que las desmiente. Indicó que los informes confirman que el proceso de licitación se realizó correctamente y que, en 2022, el Ministerio de Gobierno llevó a cabo una revisión que validó la ejecución del proyecto, si bien se identificó la necesidad de mantenimiento para las cámaras, las cuales, hasta ese momento, funcionaban adecuadamente. Explicó que la fase de seguridad ciudadana del proyecto concluyó en 2019, antes de la pandemia y la salida del exalcalde Paz en octubre de 2020. Mencionó que el proyecto, concebido como llave en mano, contemplaba un periodo de dos años de administración y capacitación por parte de la empresa contratista tras la entrega definitiva. La inversión total ascendió a 94 millones de bolivianos, y el proyecto abarcaba múltiples componentes, incluyendo seguridad social, videovigilancia, aspectos educativos y de salud, presentándose como una iniciativa integral de Ciudad Inteligente.
El exsecretario recordó que una denuncia previa presentada por un exsenador fue desestimada por el Ministerio Público. Argumentó que, a raíz de esta denuncia, la Gobernación decidió retirarse del proyecto, el cual inicialmente preveía una cofinanciación de 45 millones de bolivianos por parte de cada entidad. Detalló que, una vez licitado el proyecto, la Gobernación solicitó al municipio que realizara el primer desembolso de 45 millones. Fue en este contexto que surgió la denuncia del exsenador, y en pleno proceso de investigación, la Gobernación se retiró, alegando falta de recursos para su contraparte. Ante esta situación, el municipio negoció con la empresa para redimensionar el proyecto, lo que derivó en un acuerdo donde la Gobernación se comprometía a pagar 8 millones de bolivianos, de los cuales se habrían desembolsado 4 millones. Reafirmó que el proyecto tuvo que ser modificado y algunos de sus componentes recortados debido a esta circunstancia, lo que llevó a la elaboración de un contrato modificatorio. La recepción del proyecto, según el exsecretario, no pudo concretarse durante la gestión de Rodrigo Paz debido al plazo de dos años que la empresa tenía para la administración y capacitación, por lo que la recepción final correspondía a la gestión siguiente.
Un punto de controversia se centra en las licencias de operación del proyecto. El exsecretario municipal afirmó que durante la gestión de Rodrigo Paz se solicitaron las licencias necesarias y que incluso la Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) concedió una frecuencia temporal para la operación del sistema. Explicó que parte de los recursos que la Gobernación debía desembolsar estaban destinados a completar el pago de estas licencias para el funcionamiento de los equipos.
Por su parte, un exfuncionario de la ATT indicó que se han difundido verdades a medias sobre el proyecto. Subrayó que, según la Ley de Telecomunicaciones, es imperativo obtener licencias de operación para radios bases, fibra óptica y sistemas de internet *antes* de la ejecución del proyecto. Afirmó que, durante su gestión como director de la ATT en 2021, se revisaron los informes y el municipio jamás solicitó la emisión de la licencia de operaciones, desmintiendo las aseveraciones del exsecretario municipal. El exfuncionario enfatizó que el procedimiento correcto es tramitar las licencias primero y, una vez obtenidas, adquirir los equipos y operar el proyecto. Lamentó que esto no se haya realizado ni en la gestión del exalcalde Rodrigo Paz, ni en la de su sucesor, ni en la actual administración. Argumentó que el proyecto nunca debió haberse realizado y licitado sin las licencias correspondientes, comparándolo con construir una escuela en un terreno sin papeles, y urgió a la Fiscalía a investigar estos hechos para evitar la impunidad. Recalcó que el proyecto nunca tuvo licencia de operaciones para efectivizar la distribución de datos, ni para la instalación de antenas o radios bases.
El exsecretario municipal respondió a estas declaraciones, señalando que el informe de la Fiscalía, al rechazar la denuncia del exsenador, indicaba que el 12 de mayo de 2017 la empresa ya había solicitado el uso de una frecuencia y que se le había concedido, aunque la empresa pidió su limpieza debido a la operación ilegal de otras radios en esa misma frecuencia. Esto, según él, demuestra la coordinación con la ATT y el Ministerio de Gobierno, y mencionó que también se solicitó la homologación de los equipos al Ministerio de Gobierno, sugiriendo al exfuncionario de la ATT que revise mejor la información.
El concejal municipal lamentó que exautoridades intenten justificar inversiones que no han rendido resultados, especialmente cuando en su momento se debió priorizar la inversión en servicios básicos como agua potable, alcantarillado y salud, necesidades que persisten. El exfuncionario de la ATT aclaró que no correspondía a la empresa solicitar las licencias, sino al municipio, dado el carácter público del proyecto. Insistió en que no comprende cómo se pudo avanzar con la ejecución del proyecto sin la licencia de operaciones, un requisito fundamental. Aclaró que sin estas licencias no se podían adquirir equipos, realizar instalaciones ni distribuir datos, y reiteró la necesidad de una investigación fiscal para determinar responsabilidades.
Desde la perspectiva de las juntas vecinales, el presidente de un distrito local, en una intervención pública, calificó el proyecto como una estafa para la región, al considerarlo carente de rumbo y de estudios básicos adecuados. Recordó que el proyecto, inicialmente estimado en más de 80 millones de bolivianos, finalmente se ejecutó por aproximadamente 55 millones tras suprimir una etapa debido a observaciones. Mencionó la adquisición de 151 cámaras de vigilancia, calculando que, si el proyecto costó 50 millones para 150 cámaras, cada una habría superado los 300 mil bolivianos en 2017, una cifra que contrasta drásticamente con los 2.000 a 3.500 bolivianos que cuesta actualmente un sistema de cuatro o cinco cámaras para un domicilio. Consideró que la instalación de fibra óptica y radios bases fue un gasto innecesario. Afirmó que el proyecto no sirve absolutamente para nada desde 2017 hasta la fecha. Recordó que en 2023, cuando la Alcaldía inició una auditoría al proyecto, se comprometió a entregar los resultados en junio de ese año. Además, señaló que el representante legal de la empresa ejecutora había indicado que el proyecto fue entregado y que existía una nota de recepción del Gobierno Municipal dirigida al exalcalde. El dirigente vecinal enfatizó la responsabilidad del Gobierno Municipal por no haber actuado a tiempo y por la prolongada demora en llevar a cabo la auditoría.
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Cercado lamentó la incapacidad del Gobierno Municipal para realizar una auditoría, señalando que un proceso de este tipo no debería extenderse más allá de 90 días. Atribuyó la situación a una falta de voluntad para verificar el asunto y la constante postergación de la auditoría. Expresó su pesar por la falta de avances en el proceso penal relacionado con el proyecto y la necesidad imperiosa de los resultados de la auditoría. Calificó la Ciudad Inteligente como la inversión más insensata realizada por el exalcalde Rodrigo Paz durante su gestión.
El actual alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija ha declarado que el proyecto Ciudad Inteligente es un sistema que no fue entregado ni a la Alcaldía ni a la policía, y que el asunto se encuentra en manos de la justicia. Mencionó que se tiene conocimiento de una recepción del proyecto realizada días antes de que él asumiera la alcaldía. El alcalde indicó que el tema debe ser revisado primero por la auditoría interna del municipio y luego por la justicia ordinaria, comprometiéndose a consultar con Auditoría Interna para informar cuándo concluirá la auditoría de cumplimiento del proyecto
