Una propuesta legislativa orientada a aliviar la carga financiera de ciudadanos con deudas pendientes ante entidades bancarias, especialmente aquellos que enfrentan procesos de remate de bienes, ha avanzado en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa, que fue objeto de discusión la semana pasada en la Comisión de Planificación, busca introducir una pausa tanto en los pagos de créditos como en las acciones judiciales relacionadas con el sistema bancario.
Uno de los pilares de esta iniciativa es la suspensión, por un periodo de seis meses, de todo proceso judicial que involucre a un deudor, incluyendo cualquier etapa de remate de bienes o sentencias ya emitidas con fecha de ejecución. El propósito fundamental de esta disposición es otorgar a los propietarios de inmuebles y a los deudores un plazo de medio año para gestionar los recursos necesarios y renegociar sus obligaciones con las instituciones financieras, con el fin de evitar la pérdida de sus propiedades.
Adicionalmente, el proyecto de ley contempla una moratoria de seis meses en el pago de créditos a las entidades financieras. Una distinción crucial de esta propuesta, en contraste con medidas previas como las implementadas durante la pandemia, es la especificación explícita de que, durante este lapso de seis meses, no se generarán intereses adicionales ni se incrementará el capital adeudado. Esta cláusula busca prevenir situaciones pasadas donde algunas instituciones bancarias sumaron los intereses no pagados al monto final de la deuda, elevando el total a cancelar.
Se anticipa que esta iniciativa legislativa beneficiará a un segmento considerable de la población, con proyecciones que superan los dos millones de personas a nivel nacional. En la región de Tarija, se estima que más de 68.000 residentes con deudas financieras podrían acogerse a los beneficios de esta normativa.
Una vez aprobada y promulgada, la normativa suspenderá automáticamente la exigencia de pago de créditos durante los seis meses establecidos. No obstante, aquellos deudores que deseen continuar con sus pagos podrán hacerlo, debiendo comunicar su decisión a la entidad financiera correspondiente para no acogerse a la suspensión.
Para asegurar una aplicación estricta y evitar interpretaciones desfavorables por parte de las entidades financieras, como ocurrió en el periodo de la pandemia, la ley instruirá a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a ejercer un control riguroso. Los promotores de esta medida enfatizan su relevancia en un contexto de crisis económica, respondiendo a una demanda generalizada de diversos sectores de la población.
Se proyecta que la aprobación legislativa final pueda concretarse hacia fines de este mes. Tras su promulgación, el gobierno dispondrá de un plazo de diez días para reglamentar la ley, lo que permitirá su implementación ágil y efectiva
