La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ha declarado un receso en el debate sobre las propuestas para reducir el número de sus integrantes, una medida motivada por la persistente falta de consenso en torno a la representatividad regional. Las discusiones se han estancado, particularmente en lo que respecta a cómo se distribuirán los escaños una vez aplicada la disminución.
Actualmente, dos iniciativas legislativas han avanzado desde las comisiones y están siendo consideradas en el pleno. Una de ellas, impulsada por la bancada de Unidos, plantea una reducción de los actuales 30 asambleístas titulares a 16. La segunda propuesta, presentada por un representante del Movimiento al Socialismo (MAS), sugiere una estructura aún más compacta, con solo 11 asambleístas, lo que implicaría un representante por cada municipio. Esta última alternativa ha generado considerable descontento entre diversos sectores.
Durante la sesión del pasado jueves, el intento de aprobar la primera propuesta en su totalidad no logró obtener la mayoría calificada de dos tercios requerida, lo que llevó a la determinación de una pausa en el proceso legislativo hasta el próximo miércoles. En cuanto a la iniciativa que propone reducir el número a 11 representantes, las objeciones se han centrado en la defensa de los escaños por parte de los Pueblos Indígenas, un punto que ha impedido el avance de las deliberaciones.
Si bien existe una amplia coincidencia entre los asambleístas departamentales sobre la necesidad de reducir la cantidad de escaños, la posición de los Pueblos Indígenas es mantener sus tres representantes actuales, uno por cada comunidad reconocida: el Pueblo Guaraní, el Pueblo Weenhayek y el Pueblo Tapiete. Sin embargo, el resto de los legisladores considera que cualquier reducción debe aplicarse de manera equitativa a todas las representaciones.
Se espera que una reunión programada para el martes facilite el logro de los consensos necesarios para que el proyecto pueda ser aprobado el miércoles. La aprobación de esta reforma es considerada crucial para el departamento, ya que permitiría avanzar en la reforma del Estatuto Autonómico.
La necesidad de optimizar la estructura de la Asamblea Legislativa se fundamenta también en consideraciones económicas. La disminución de los ingresos departamentales ha generado una insuficiencia de recursos para garantizar el funcionamiento pleno del órgano legislativo, haciendo imperativa la reducción del número de asambleístas para asegurar su sostenibilidad operativa
