Una reciente fiscalización ha puesto de manifiesto el estado de abandono en que se encuentra el proyecto del Matadero en la región del Chaco. La infraestructura, que presenta un avance financiero del 90% y se considera prácticamente lista para una entrega provisional, está cubierta por maleza y acumula planillas pendientes de pago.
Este proyecto, que representa una inversión que supera los 20 millones de bolivianos y contó con recursos de la Unidad de Proyectos Estatales (UPRE), adolece de problemas fundamentales. Se ha constatado la ausencia de la documentación de saneamiento territorial, una situación que se repite en el caso de la terminal de buses, lo que genera preocupación por la edificación de obras en terrenos sin la debida titulación. Además, se ha señalado una deficiencia en la planificación, ya que no se habrían tomado las previsiones necesarias para el equipamiento, lo que implicaría la demolición de paredes para poder ingresar la maquinaria requerida.
La inspección a la obra fue realizada por representantes de la asamblea regional junto con el presidente de la Asociación de Ganaderos del Chaco, quien expresó severas críticas ante la situación. Durante una visita previa en junio, las puertas del Matadero se encontraron cerradas, y se informó que la causa habría sido un presunto robo. A estas irregularidades se suma la presunta falta de una licencia ambiental para el proyecto.
La recurrente paralización de obras y la ineficacia en la gestión pública han llevado a cuestionamientos sobre el sistema judicial. Se percibe que las denuncias a menudo no prosperan, atribuyendo esta situación a una posible influencia política sobre los procesos judiciales. Existe la expectativa de que futuras administraciones aborden estos desafíos con mayor eficacia, desvinculando los procesos judiciales de las influencias políticas.
Por otra parte, la situación económica en el Chaco es descrita como desastrosa a pocas semanas de un nuevo aniversario regional. Cada 12 de agosto, se reiteran promesas que no se materializan, como el equipamiento y fortalecimiento del hospital de tercer nivel Fray Quebracho. El sistema de salud se encuentra en una situación crítica, marcada por la falta de transferencia de recursos para la contratación de personal médico, lo que repercute en una atención deficiente.
El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco enfrenta acusaciones de incumplimiento que afectan directamente a diversas instituciones. La Asamblea Regional, por ejemplo, carece actualmente de seguro de salud debido a montos impagos a la Caja Nacional de Salud, y existen deudas con la Gestora Pública en relación con los aportes para el fondo de pensiones. El Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba también se ve imposibilitado de contratar el personal necesario debido a la falta de transferencias de recursos desde el gobierno regional.
En un contexto de crisis económica, resulta llamativo que, a pesar de la escasez de fondos, se hayan organizado serenatas paralelas para la festividad de San Pedro: una por parte del Gobierno Municipal, como es habitual, y otra por el gobierno regional. Esta duplicidad de eventos se interpreta como un despilfarro de recursos en un momento de necesidad. Mientras el Gobierno Regional y sus tres municipios constituyentes mantienen al día el pago de sueldos y han desembolsado el Prosol, la Asamblea Regional acumula más de cuatro meses de salarios impagos, atribuidos directamente a la falta de recursos
