En un encuentro de emergencia celebrado el 6 de julio en Lauca Ñ, con la presencia del expresidente Evo Morales, una facción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) determinó la inviabilidad de las elecciones programadas para el próximo 17 de agosto.
Esta postura se fundamenta en la convicción de que la administración actual está facilitando el retorno de fuerzas políticas que, según esta corriente, promueven la privatización de los recursos naturales. Se argumenta que, sin la participación de su líder principal, la democracia no se ejerce plenamente, invalidando así el proceso electoral.
En línea con esta resolución, un portavoz de la facción campesina, presente en el encuentro, reiteró la determinación de impedir la realización de los comicios en la fecha establecida. Asimismo, se impartieron instrucciones explícitas para que no se permita la actividad proselitista en las provincias. Se hizo un llamado a los líderes provinciales para que impidan el ingreso de cualquier partido político que, según su perspectiva, represente a la derecha o haya estado implicado en actos de represión.
La polémica resolución también incluyó una fuerte crítica hacia Andrónico Rodríguez, quien fuera un cercano colaborador político del expresidente Morales y ahora es candidato presidencial por otra alianza. La CSUTCB, en su facción afín a Morales, lo calificó con un término histórico que denota traición, acusándolo de deslealtad a los principios y la ética de la revolución democrática y cultural, y de socavar los derechos fundamentales de la democracia interna.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado en el que alertó a la ciudadanía boliviana y a la comunidad internacional sobre lo que describió como una escalada preocupante de ataques sistemáticos y deliberadamente planificados dirigidos contra las elecciones generales convocadas para el 17 de agosto
