El juicio oral contra el alcalde municipal de Tarija, Johnny Torres Terzo, ha sido programado para este viernes a las 09:00 horas. El proceso judicial se centra en una acusación por el presunto delito de sedición, derivada de los conflictos y protestas que tuvieron lugar a finales del año 2021, en oposición a la Ley 1386, normativa enfocada en la lucha contra las ganancias ilícitas.
Desde la perspectiva del burgomaestre, este procedimiento judicial constituye una acción de persecución política y judicial. Ha atribuido la iniciativa de estos procesos a actores vinculados al Movimiento Al Socialismo y al gobierno nacional, señalando que buscan interponer denuncias contra cualquier autoridad que manifieste una postura contraria al partido en el poder. A pesar de esta calificación, el alcalde ha confirmado su asistencia a la audiencia para ejercer su derecho a la defensa.
El edil ha negado categóricamente haber incurrido en conductas sediciosas, describiendo la situación como una persistente persecución por parte de lo que ha denominado un estado policiaco. Ha enfatizado que, a lo largo de los más de cuatro años de investigación, no se ha presentado ninguna prueba concreta en su contra, lo que, a su juicio, evidencia la naturaleza persecutoria del caso. Ha lamentado que, a pesar de presentar pruebas de manera constante, se continúe persiguiendo a la oposición política.
Además de este caso de sedición, el alcalde ha revelado que existen múltiples procesos abiertos en su contra. Entre ellos, ha destacado la relevancia del juicio por sedición y otro relacionado con el proyecto de construcción del puente 4 de Julio. Respecto a este último, ha señalado que, a pesar de que la obra fue concluida a finales de 2024 y se encuentra operativa desde hace más de seis meses, el proceso judicial asociado a ella aún persiste. Esta situación, según su criterio, es una prueba más de la persecución judicial que enfrenta.
La denuncia original que dio inicio a este proceso fue interpuesta a finales de 2021 por Rubén Aldo Velásquez, quien en ese momento se desempeñaba como secretario ejecutivo de la Federación de Campesinas de Tarija. La acción legal fue dirigida tanto contra el gobernador Óscar Montes como contra el alcalde Johnny Torres, imputándoles presuntos delitos de sedición, atentado contra la seguridad de servicios básicos e instigación pública a delinquir. Estos cargos surgieron en el contexto de las movilizaciones ciudadanas en objeción a la Ley 1386, relativa a la investigación de fortunas ilícitas
