La asambleísta departamental Carmen Rosa Valencia ha manifestado su profunda inquietud ante dos situaciones que impactan el bienestar animal en la comunidad de Tarija: el hurto de provisiones destinadas a animales sin hogar y un reciente y grave incidente que involucró a canes de razas consideradas peligrosas. La legisladora ha instado a la ciudadanía a ejercer la conciencia colectiva y la denuncia pública frente a estos sucesos.
Con particular énfasis, Valencia lamentó la sustracción de insumos y bienes que voluntarios y activistas, con considerable esfuerzo y dedicación, destinan al cuidado de animales en situación de calle. Subrayó la indignación que provoca ver el trabajo altruista de tantas personas desvirtuado por actos de deshonestidad. Ante la percepción de que delitos menores de esta índole a menudo no encuentran una resolución efectiva en el sistema judicial ordinario, la asambleísta propuso que, de identificarse a los responsables, la comunidad los señale públicamente, incluso a través de plataformas digitales, con el fin de generar un sentido de vergüenza y responsabilidad social.
En otro orden de ideas, la representante departamental abordó el reciente y ampliamente difundido caso de un ataque perpetrado por perros de raza peligrosa contra otro can mestizo. Valencia aclaró que los animales agresores, inicialmente identificados erróneamente como pitbulls, corresponden en realidad a la raza American Terrier, la cual también figura en la normativa boliviana como una especie que requiere manejo especial debido a su potencial agresividad.
Se destacó la inusual actitud del propietario de los perros agresores, quien compareció ante la audiencia y ofreció disculpas, un comportamiento que contrasta con la evasión observada en otros incidentes similares, donde la intervención policial se hace necesaria. Adicionalmente, se señaló que los animales implicados en el ataque presentaban condiciones físicas precarias, lo que añade una capa de complejidad a la situación.
La dueña del perro agredido ha manifestado su intención de interponer una querella formal, rechazando cualquier posibilidad de conciliación. Esta postura fue respaldada por Valencia, quien consideró apropiada la decisión de llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias, buscando sentar un precedente importante.
Durante su intervención, la asambleísta también alertó sobre la proliferación de la venta clandestina de animales. Advirtió que esta práctica contribuye a que numerosas personas adquieran mascotas sin un conocimiento adecuado de su raza o características inherentes, lo que puede derivar en incidentes de agresividad animal. En este contexto, hizo un llamado a la reflexión sobre la tenencia responsable de mascotas, enfatizando la importancia de asegurar la vacunación, una alimentación apropiada y una supervisión constante para prevenir situaciones de riesgo. Remarcó la distinción entre el comportamiento racional humano y el instintivo animal, subrayando la responsabilidad que recae en los dueños.
Finalmente, en cuanto al destino de los perros agresores, Valencia reconoció la imposibilidad de reinsertarlos en la comunidad debido al temor generalizado entre los vecinos. No obstante, expresó su preocupación por el vacío legal en el que se encuentran estos animales, destacando la dificultad de hallar una solución que no implique la eutanasia, lo que pone de manifiesto la complejidad ética y jurídica de tales casos
