La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ha aprobado una reforma sustancial a su Estatuto Autonómico, una medida que busca reconfigurar la estructura del poder legislativo regional y optimizar el uso de los recursos públicos. La decisión, que contó con el respaldo de dos tercios de los legisladores, establece una significativa reducción en el número de asambleístas titulares y la eliminación de ciertas figuras administrativas.
La nueva normativa estipula que el número de asambleístas titulares se reducirá de treinta a diecisiete. Además, se suprime la figura de los asambleístas suplentes, quienes ahora solo asumirán la representación en caso de ausencia definitiva del titular, a diferencia de la alternancia mensual que se practicaba anteriormente. Un cambio igualmente relevante es la eliminación de los subgobernadores en los municipios, una medida que, según se argumenta, busca evitar la duplicidad de funciones con las administraciones municipales y generar ahorros.
El proceso legislativo para esta reforma fue expedito, siendo tratada por dispensación de trámite y aprobada con veinte votos a favor, ocho en contra y una abstención. El objetivo central de la ley, según se detalla en su articulado, es modificar la composición de la Asamblea Legislativa Departamental y la existencia de los subgobernadores.
En cuanto a la nueva conformación de la Asamblea, se establece que de los diecisiete miembros, doce serán elegidos bajo el principio de igualdad territorial para las provincias y la Región del Chaco, tres por población mediante sufragio universal directo en listas separadas del candidato a gobernador, y dos como representantes de los pueblos indígenas. El mandato de estos legisladores será de cinco años, con la posibilidad de una única reelección continua. La distribución por población se basará en los datos del último Censo de Población y Vivienda, asignando, por ejemplo, dos escaños para Cercado y uno para el Chaco. Los representantes indígenas, provenientes de los pueblos Guaraní, Weenhayek y Tapiete, serán elegidos según sus usos y costumbres, y sus organizaciones matrices definirán conjuntamente la modalidad de representación y alternancia.
La reforma ha generado diversas reacciones. Desde el liderazgo de la Asamblea, se ha destacado la madurez de los legisladores al aprobar una ley que se traducirá en ahorros significativos para la próxima legislatura, especialmente en un contexto de escasez de recursos que ha afectado el funcionamiento del propio cuerpo legislativo. Se ha enfatizado que el ajuste no solo impacta al ámbito legislativo, sino también al ejecutivo con la supresión de los subgobernadores.
Sin embargo, la reducción de la representación de los pueblos indígenas, de tres a dos escaños, ha sido motivo de rechazo por parte de sus delegados. Asimismo, se ha reconocido que la disminución del número de asambleístas, que implica una reducción del 43% de los titulares y el 100% de los suplentes, afectará de manera particular a regiones como Cercado, el Chaco y Arce, que perderán aproximadamente la mitad de sus representantes, mientras que otras provincias verán una disminución del 33%. A pesar de las posturas divididas, se logró un consenso bajo la premisa de que todas las regiones y comunidades debían contribuir al esfuerzo de ajuste.
Los próximos pasos para la implementación de esta reforma incluyen su promulgación por parte del gobernador. Posteriormente, el texto modificatorio deberá ser enviado al Tribunal Constitucional Plurinacional para un control de constitucionalidad. Si no se presentan observaciones, se convocará a un referéndum para que la ciudadanía apruebe la reforma mediante voto popular, lo que permitiría su entrada en vigencia para la próxima legislatura
