Las autoridades gubernamentales han identificado al menos seis municipios y una ciudadela en Santa Cruz de la Sierra como áreas donde facciones radicales podrían generar disturbios, afectando el desarrollo normal de la jornada de votación programada para el 17 de agosto.
Desde la cartera de Gobierno, en colaboración con la Policía Boliviana y a través del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas, se está procesando y analizando información detallada sobre zonas con potencial de conflicto durante el día de las elecciones. Estos datos son cruciales para optimizar las operaciones de resguardo del material electoral.
Un exhaustivo estudio de inteligencia ha permitido delimitar los municipios que presentan un riesgo elevado. Entre ellos se encuentran Villa Tunari, un epicentro de actividad para las Seis Federaciones de cocaleros del Chapare, además de Sacaba, Shinahota y Chimoré. También se han señalado comunidades mineras e indígenas, principalmente en el municipio potosino de Llallagua. En el departamento de Santa Cruz, Yapacaní y la zona del Plan Tres Mil figuran igualmente en esta evaluación. No obstante, ya se ha articulado un plan integral para asegurar la normalidad de los comicios en todas estas localidades.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha confirmado la realización de reuniones de coordinación con efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. El objetivo de estos encuentros es capacitar al personal en los protocolos de cadena de custodia del material electoral que será utilizado.
Estas medidas preventivas surgen a raíz de declaraciones públicas de seguidores de un líder político, incluyendo a legisladores, quienes han anunciado la posible toma de recintos electorales, la incineración de ánforas, la implementación de bloqueos y una serie de acciones delictivas con el fin de obstaculizar el proceso electoral. Adicionalmente, se han registrado amenazas dirigidas a impedir actividades proselitistas en las zonas mencionadas.
Recientemente, las fuerzas del orden tomaron nota de las manifestaciones de la presidenta de una organización política, realizadas durante un ampliado en Lauca Ñ, en presencia del líder y su dirigencia. En dicho evento, se afirmó que para el 17 de agosto, las instituciones electorales y el gobierno, en lugar de contabilizar sufragios, podrían contar víctimas mortales.
En el departamento de Cochabamba, los municipios de Ivirgarzama y Entre Ríos han sido designados como puntos estratégicos para contener la movilización de grupos violentos. Los anuncios de posibles disturbios parecen derivar de la presión ejercida por ciertas organizaciones sociales que, operando como una suerte de estructura paralela, exigen al TSE la restitución de la personería jurídica de una agrupación política específica, con la intención de habilitar una candidatura presidencial.
Sin embargo, el trabajo de inteligencia policial ha detectado una fisura en el sistema de control de la facción política mencionada, lo cual se ha convertido en un factor de polarización y genera un riesgo de enfrentamientos internos en las poblaciones, como se evidenció en un incidente reciente en Yapacaní. Se ha explicado que esta situación responde al rechazo de algunas comunidades, empresarios, exportadores y productores agrícolas del Trópico de Cochabamba a los conflictos sociales que emanan de posturas radicales. Este rechazo se fundamenta en que tales acciones, además de vulnerar el derecho a elegir libremente, acarrean significativas pérdidas económicas.
En este contexto, se ha enfatizado la necesidad de considerar no solo la dispersión geográfica de los puntos de votación, sino también la implementación de una doble custodia para las infraestructuras que el TSE designará como recintos electorales. Asimismo, se han planificado patrullajes combinados que abarcarán no solo el Trópico de Cochabamba, sino también ciudades clave como El Alto, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. La misión de estos operativos es prevenir la movilización de grupos violentos y evitar la instalación de bloqueos carreteros.
Respecto a las solicitudes de acciones legales dirigidas al Gobierno, la Fiscalía y el TSE en relación con las declaraciones de la dirigente mencionada y otros líderes, el Tribunal Supremo Electoral analizará el asunto en sala plena para emitir un pronunciamiento que garantice el funcionamiento normal de las 34.000 mesas electorales en todo el territorio nacional. Se ha subrayado la naturaleza pública de estas expresiones y la expectativa de que las autoridades competentes actúen con prontitud.
Las declaraciones en cuestión podrían ser interpretadas como una instigación pública a delinquir. Además, se ha advertido que cualquier impedimento a la distribución del material electoral constituiría una obstrucción al proceso electoral, lo cual podría acarrear cargos legales
