El miércoles, a las 08:30, se reanudan las audiencias en el juzgado de sentencia penal, anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres Nº 4 de Cochabamba. En el centro de este proceso se encuentran Ramón Alaix Busquets y Marcos Recolons de Arquer, ambos ex provinciales de la Compañía de Jesús, quienes enfrentan acusaciones por presunto encubrimiento. Este caso se inscribe en la investigación de oficio contra Alfonso Pedrajas Moreno, implicado en delitos de violación y abuso sexual, abarcando tanto a los autores como a quienes habrían encubierto tales acciones.
Este proceso judicial, impulsado inicialmente por el Ministerio Público, ha integrado diversas acciones legales. Entre ellas se incluyen procedimientos iniciados por la Procuraduría General, una acción particular de un provincial jesuita, la intervención del Ministerio de Educación, y una ampliación solicitada por el Servicio Plurinacional de Apoyo a las Víctimas, consolidando así un expediente complejo.
Representantes de las víctimas han enfatizado la trascendencia de este juicio, manifestando la expectativa de que el sistema judicial boliviano emita una señal contundente, tanto a nivel nacional como internacional. Subrayan la importancia de asegurar que los crímenes de lesa humanidad, incluso cuando involucran a instituciones eclesiásticas de alcance multinacional, no queden impunes en Bolivia. Su principal objetivo es que se garantice el derecho preferente a la salvaguarda de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Se ha señalado un presunto patrón de conducta por parte de los provinciales jesuitas, consistente en la reubicación de los perpetradores y el ocultamiento de los escándalos derivados de repetidas denuncias, en lugar de denunciarlos y apartarlos de los menores. Esta dinámica, según lo expuesto, habría permitido que los abusos continuaran de manera sistemática sobre cientos de niños a lo largo de décadas, facilitado por un sofisticado mecanismo de encubrimiento institucional.
El juicio oral se presenta con una vasta cantidad de pruebas. Contará con la participación de dieciocho víctimas denunciantes, respaldadas por cincuenta pruebas documentales diversas y dieciocho informes psicológicos. Adicionalmente, se presentarán treinta y tres otros elementos y múltiples declaraciones. El expediente incluye más de cincuenta pruebas testificales y veinticinco evidencias materiales de distinta índole, además de una prueba psicológica específica para una víctima denunciante y una pericia antropológica con perspectiva de género, lo que evidencia la exhaustividad de la investigación
