La preocupación por el abastecimiento de combustibles ha resurgido en Tarija y en diversas regiones del país, manifestándose en extensas filas de vehículos que aguardan en las estaciones de servicio. Desde la semana pasada, tanto conductores de transporte público como particular dedican horas, a menudo desde la madrugada, para acceder a gasolina o diésel, una situación que se replica en la capital y las provincias.
Frente a este escenario, la estatal petrolera ha reiterado que el suministro de hidrocarburos se encuentra plenamente asegurado, desestimando la existencia de una razón objetiva que justifique las aglomeraciones. Sin embargo, el sector del transporte ha atribuido el origen de esta inquietud a recientes declaraciones del presidente, señalándolas como el detonante de la actual incertidumbre.
El propio mandatario había expresado que la capacidad del Gobierno para garantizar plenamente la provisión de diésel y gasolina se ve comprometida por la falta de financiamiento externo. Esta limitación, según sus palabras, se debe a un estrangulamiento en la aprobación de créditos por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El presidente indicó que, sin la aprobación de estos recursos externos, resulta sumamente difícil mantener el nivel actual de suministro, y que los esfuerzos del Ejecutivo por sí solos no bastan para asegurar una dotación constante.
Esta comunicación oficial generó una reacción inmediata entre la ciudadanía. Lo que previamente era una tensión latente, se transformó en una ola de preocupación generalizada. Ciudadanos, transportistas, productores y comerciantes acudieron masivamente a los surtidores, buscando llenar sus tanques preventivamente.
Representantes del transporte en Tarija han responsabilizado directamente al Gobierno por esta situación. Han argumentado que las declaraciones presidenciales infundieron un temor colectivo, lo que ha provocado un incremento significativo en las filas y, en lugar de garantizar la disponibilidad, ha generado una sensación de inseguridad. El sector del transporte público ha reportado operar actualmente a solo el 40% de su capacidad debido a la escasez de combustibles, lo que se traduce en considerables pérdidas económicas y el riesgo de incumplir compromisos financieros. Ante la persistencia de esta problemática, se ha anunciado la solicitud de una reunión de emergencia a nivel nacional a través de la Confederación del Transporte, evaluando la posibilidad de adoptar medidas de presión si la crisis no se resuelve prontamente. Se ha enfatizado que la interrupción en el suministro no solo afecta la economía del transporte, sino a la población en su conjunto, y han surgido reportes de reventa de combustible a precios elevados.
Por su parte, la estatal petrolera ha insistido en que no existe escasez. Un portavoz de la entidad en Tarija explicó que el volumen de comercialización del miércoles anterior, con 200.000 litros de diésel y 205.000 litros de gasolina, se mantuvo dentro de los parámetros normales. No obstante, en respuesta al aumento de la demanda observada, la empresa ha decidido incrementar el volumen diario de entrega entre un 10% y un 20%, lo que representa unos 40.000 litros adicionales por día. Se ha asegurado que los volúmenes están garantizados y que las reservas en planta son suficientes para abastecer la demanda durante los próximos seis días. La entidad atribuye la situación actual a un factor psicológico, derivado del temor provocado por versiones no oficiales, y reconoce la sensibilidad del tema de los combustibles, donde una declaración puede disparar el miedo y las compras masivas innecesarias. Se ha aclarado a la población que no se prevén cambios en el precio ni un desabastecimiento generalizado. Se ha destacado que la llegada diaria de entre 3 y 10 cisternas, sumado a la ventaja de Tarija de recibir combustible por poliductos que entregan hasta 300.000 litros al día, asegura el flujo necesario.
En medio de esta compleja coyuntura, sectores afines al Gobierno han señalado a la Asamblea Legislativa Plurinacional como responsable de la situación, argumentando que el bloqueo de la aprobación de créditos externos impide la obtención de los recursos necesarios para asegurar el abastecimiento de hidrocarburos. Un parlamentario de la bancada mayoritaria ha manifestado que la obstrucción de estos créditos, así como de la ley del litio, perjudica directamente al pueblo boliviano, y no únicamente a las autoridades gubernamentales
