La dirigente de PAN-BOL, Ruth Nina, junto a su representación legal, ha presentado sus argumentos de defensa en el proceso que la Fiscalía ha iniciado en su contra. Dicho procedimiento se fundamenta en las declaraciones de Nina, donde manifestó que en la jornada electoral se contabilizarían fallecidos en lugar de votos. La postura de la defensa se centra en que estas expresiones se enmarcan en el ejercicio de la libertad de expresión y constituyen un discurso de naturaleza revolucionaria, por lo que no deberían ser objeto de persecución penal.
El abogado de la política enfatizó que el empleo de figuras delictivas para restringir la libertad de expresión es incompatible con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos. En este sentido, contextualizó las afirmaciones de su defendida, estableciendo paralelismos con frases arraigadas en el imaginario colectivo, como extractos del himno nacional o citas de figuras políticas. Argumentó que expresiones como morir antes que esclavos vivir o patria o muerte, así como la célebre frase sobre la necesidad de regar el árbol de la democracia con sangre de patriotas y tiranos, son meras locuciones. Considera que intentar forzar su encuadre en tipificaciones delictivas representa una estrategia de intimidación y restricción de la libertad de expresión.
Por su parte, Ruth Nina se dirigió a los representantes del ámbito sindical, advirtiendo sobre las graves consecuencias que acarrearía permitir la supresión de discursos de índole revolucionaria. Según su perspectiva, ello implicaría la pérdida de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de opinión y de pensamiento. La dirigente se autodefinió como una víctima de un proceso judicial y una investigación, atribuyendo esta situación a la emisión de un discurso que, asegura, es el fiel reflejo del sentir del sector al que representa. Insistió en que cualquier frase o discurso emitido en encuentros ampliados no constituye, bajo ninguna circunstancia, un delito.
En relación con el desarrollo del caso, Ruth Nina estaba citada a comparecer ante la Fiscalía en Cochabamba este viernes. No obstante, la audiencia fue suspendida a solicitud de su defensa, luego de que el juzgado del Cercado decidiera declinar su competencia y remitir el expediente a Shinahota.
Nina denunció que el proceso en su contra está impulsado por intereses políticos y por un presunto resentimiento hacia el expresidente Evo Morales, el cual, según su percepción, se proyecta directamente sobre su persona. En un acto de desafío, extendió una invitación pública a sus acusadores, entre ellos Luisa Nayar, José Manuel Ormachea, Alberto Astorga y Lizeth Veramendi, así como a todos sus denunciantes, para sentarse en una mesa de diálogo y debatir tanto la tipificación del delito que le imputan como los argumentos de su defensa. Concluyó su intervención con una declaración contundente, ofreciendo su disposición a enfrentar a quienes considera sus adversarios y afirmando que, si su postura no es suficiente, está dispuesta a sufrir las últimas consecuencias
