La líder de la agrupación política Pan-Bol, Ruth Nina, ha expresado públicamente su preocupación por lo que considera una serie de acciones judiciales inusuales que, según ella, buscarían forzar su detención. Estas maniobras se estarían produciendo en el marco de un proceso abierto en su contra por incitación pública a la comisión de delitos.
Este lunes, Nina acudió a la instancia judicial de Shinahota, en la región del Trópico de Cochabamba, con la intención de interponer un recurso. Sin embargo, encontró el acceso al tribunal bloqueado con un candado. Su visita se produce después de que el pasado viernes, la dirigente estuviera citada para una declaración ante la Fiscalía. Ella había solicitado la suspensión de dicha diligencia, argumentando un cambio de competencia del caso, que fue trasladado de Cercado a Shinahota.
No obstante, Nina denunció que, con una celeridad inusual, en apenas dos horas de ese mismo viernes, le fue notificada la denegación de su petición. Esta rapidez en el trámite, que calificó de anómala, le genera suspicacia. La dirigente contrastó esta situación con la lentitud que, a su juicio, caracteriza el avance de otros expedientes, incluso aquellos relacionados con presuntas colusiones entre operadores de justicia. Para Nina, el hecho de que las notificaciones corran con tal premura desde La Paz hasta Cochabamba, incluso contraviniendo la jurisdicción geográfica, es un indicio de irregularidad.
La combinación de esta inusitada agilidad en los procedimientos y el hallazgo del tribunal de Shinahota cerrado con candado, lleva a Nina a sospechar que la verdadera intención sería proceder a su arresto, bajo la excusa de una supuesta incomparecencia en el proceso. La dirigente manifestó que percibe una presión significativa sobre la magistrada para que no pueda recibir su personería como parte afectada, lo que, a su entender, podría estar orquestado para dar curso inmediato a una detención.
El proceso contra Ruth Nina se originó a raíz de declaraciones en las que advirtió sobre un escenario de violencia en lugar de un proceso electoral pacífico, en caso de que se obstaculizara la participación de su agrupación política en las elecciones. Inicialmente, un juzgado de Cercado se declaró incompetente y remitió el expediente a Shinahota
