El Movimiento Al Socialismo (MAS), que atraviesa un período de divisiones internas en la antesala de las elecciones de agosto, está llevando a cabo una auditoría exhaustiva de las contribuciones económicas de sus militantes. Esta iniciativa se enmarca en la obligación del partido de rendir cuentas sobre su financiación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Un prominente dirigente de la facción arcista del MAS se pronunció recientemente sobre las persistentes interrogantes, especialmente desde el sector evista, acerca de cómo se han financiado las campañas del partido oficialista. Estas preguntas se centran particularmente en los aportes económicos que miles de funcionarios públicos habrían realizado durante años mediante descuentos directos de sus salarios. El partido ha manifestado su plena disposición para responder a cualquier demanda o impugnación que se presente sobre este asunto. Se ha asegurado que se están implementando todos los controles contables y procedimientos necesarios para cumplir con los requerimientos del Tribunal Supremo Electoral, dejando claro que se establecerán responsabilidades donde corresponda.
Durante los periodos de gobierno del MAS, la estructura del partido se sustentó en gran medida en aportes obligatorios de funcionarios públicos. Esta práctica ha sido objeto de amplio cuestionamiento, si bien hasta la fecha el TSE no ha emitido un pronunciamiento definitivo al respecto. Aunque la normativa electoral exige a las organizaciones políticas la máxima transparencia en sus ingresos y egresos, el mecanismo de descuentos por planilla sigue generando considerable controversia.
En referencia a quienes critican el modelo de financiación del MAS, el dirigente señaló que otras formaciones políticas no poseen la misma trayectoria ni el compromiso demostrado por su movimiento a lo largo de numerosos procesos electorales. Implicó que, en contraste, otras agrupaciones deberían también someterse a un escrutinio similar sobre sus finanzas, dada su menor experiencia en campañas.
Consultado sobre el presupuesto que el MAS maneja para la actual campaña, el representante evitó proporcionar cifras exactas. Explicó que no se dispone de un monto preciso en este momento, ya que la financiación se basa en los aportes de los miembros, y una estimación final de la inversión solo se podrá determinar al concluir el proceso electoral. Asimismo, precisó que los gastos varían significativamente según la circunscripción o la candidatura específica.
Ante las observaciones e impugnaciones presentadas ante el TSE en relación con los aportes de campaña, el MAS confirmó que sus finanzas están siendo objeto de una auditoría interna. Este proceso está activamente abordando las cuestiones planteadas. El partido ha declarado que no permitirá la mezcla de fondos o estrategias de campañas anteriores con la actual, y que se aplicarán las correcciones necesarias si se identifican irregularidades. Se reiteró el compromiso de la organización de responder de manera adecuada a todas las exigencias.
El proceso electoral ha entrado de lleno en la fase de campañas, donde los candidatos buscan captar el voto del electorado. Este proceso está estrictamente regulado por el TSE en lo que respecta a la rendición de cuentas sobre la financiación de las campañas, además de establecer prohibiciones sobre el uso de recursos del Estado, incluyendo el horario laboral, para fines partidistas. Cabe destacar que en Bolivia, aproximadamente medio millón de individuos son considerados funcionarios públicos, de los cuales más del 50% corresponden a militares, policías y maestros, mientras que el resto se distribuye entre el nivel central del Estado y las empresas públicas
