Una fuerza política ha manifestado su profunda preocupación ante lo que describe como una grave injerencia gubernamental, la cual estaría impidiendo la ejecución de una orden judicial que dispone el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro hacia Santa Cruz. Este movimiento es crucial para que la autoridad departamental pueda ejercer su derecho a la defensa en el juicio oral por el caso conocido como “Decretazo”.
Desde la bancada, se ha cuestionado la intervención pública del procurador general del Estado, Ricardo Condori, en asuntos judiciales. Se ha señalado que la función del Procurador debería centrarse en la defensa de los intereses patrimoniales del Estado, y no en la injerencia en resoluciones judiciales de cumplimiento mandatorio.
Una sala constitucional en La Paz emitió un fallo favorable a una Acción de Libertad interpuesta por la defensa del gobernador, lo que implica una obligación para la Dirección de Régimen Penitenciario de proceder con el traslado. Esta resolución judicial establece claramente la necesidad de mover a la autoridad departamental a Santa Cruz para garantizar su derecho a la defensa, y cualquier dilación se interpreta como una excusa o intromisión política.
La parte defensora ha asegurado que no existen obstáculos logísticos para la ejecución del traslado, habiendo incluso cubierto los gastos de transporte tanto para el gobernador como para el personal de custodia. Se enfatiza que la resolución judicial exige el cumplimiento inmediato de esta medida, sin dilaciones.
La demora en la ejecución del fallo judicial se atribuye no a dificultades técnicas, sino a supuestos intereses políticos de diversas facciones, incluyendo al partido de gobierno y a otras fuerzas políticas, así como al gobernador en ejercicio. Se ha sugerido que existe temor ante el retorno del gobernador a su jurisdicción, lo que, según esta perspectiva, reafirmaría su legitimidad en el cargo.
El proceso conocido como “Golpe de Estado I”, por el cual el gobernador ha permanecido detenido desde diciembre de 2022, es considerado por algunos como un expediente fabricado con motivaciones políticas. Se ha argumentado que esta causa debería ser desestimada, especialmente considerando que el Tribunal Constitucional Plurinacional admitió una acción de inconstitucionalidad contra el delito de terrorismo hace más de seis meses sin emitir un pronunciamiento de fondo.
Se ha insistido en que el traslado debe efectuarse sin demoras ni intermediaciones, advirtiendo que cualquier incumplimiento revelaría una falta de argumentos sólidos por parte de las autoridades, recurriendo únicamente a pretextos.
El gobernador electo de Santa Cruz, quien anteriormente fue líder cívico, fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022 en relación con el caso “Golpe de Estado I”, bajo acusaciones de terrorismo vinculadas a la crisis política de 2019. Desde esa fecha, se encuentra en detención preventiva en el centro penitenciario de Chonchocoro, ubicado en La Paz.
A lo largo de su reclusión, la defensa ha solicitado en múltiples ocasiones su traslado a Santa Cruz para comparecer en diversos procesos judiciales, entre ellos el denominado “Decretazo”, relacionado con la supuesta emisión irregular de un decreto durante su detención. A pesar de la existencia de al menos catorce mandamientos judiciales que disponían su traslado, la Dirección de Régimen Penitenciario ha declinado su ejecución, invocando motivos de seguridad.
La resolución judicial más reciente, emitida por una sala constitucional el 15 de julio de 2025, instruye el cumplimiento de dicho traslado; sin embargo, su materialización permanece paralizada. En contraste, el Procurador General ha manifestado que la decisión judicial constituyó únicamente una recomendación para facilitar el traslado, y no una orden imperativa.
La audiencia para el inicio del juicio por el caso “Decretazo” ha sido programada para este viernes en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Este caso se centra en el proceso judicial contra el gobernador por la emisión del Decreto Departamental 373 en marzo de 2022. Este decreto delegaba temporalmente sus funciones a un secretario de Gestión Institucional, lo que, según la acusación, alteraba la línea de sucesión prevista por la Constitución y el Estatuto Autonómico, que designaba al vicegobernador para tales efectos.
El inicio del juicio oral ha sido fijado para el 25 de julio de
