El río Pilcomayo, una arteria vital que atraviesa el sur de Bolivia y sustenta a comunidades indígenas como los Weenhayek, Tapiete y Guaraní en la región de Tarija, se encuentra en una situación crítica. Décadas de contaminación minera sin control y prácticas de pesca insostenibles amenazan su existencia, con el período de estiaje revelando la magnitud del daño.
El patrón de deterioro ambiental es lamentablemente familiar. Cada año, a medida que el caudal disminuye, sedimentos tóxicos provenientes de las operaciones mineras en las cabeceras de Potosí son arrastrados río abajo, convirtiendo el Pilcomayo en una trampa para su biodiversidad y para las poblaciones que dependen de él. Esta crisis ecológica se repite, y las preocupaciones de los pueblos originarios a menudo parecen no ser escuchadas por las autoridades.
La actividad minera en las nacientes del Pilcomayo es el principal factor de contaminación. A pesar de las advertencias de las comunidades y organizaciones ambientales, los residuos mineros continúan su curso hacia las tierras bajas, acumulándose en aguas esenciales para la agricultura, la pesca y el consumo humano. Líderes de la nación Weenhayek, incluido su capitán grande, Francisco Pérez Nazario, han expresado la insostenibilidad de su situación. Se ven forzados a consumir agua y pescado del río, a pesar de las fundadas sospechas de contaminación, debido a la ausencia de alternativas para su subsistencia. Esta realidad contrasta con las reiteradas afirmaciones gubernamentales sobre la ausencia de contaminación en el Pilcomayo, incluso cuando los diques de contención mineros en sus cabeceras colapsan con frecuencia.
La sensación de abandono es palpable entre las comunidades indígenas del Chaco boliviano. Lamentan no solo la falta de asistencia técnica y sanitaria, sino también la percepción de que se les ha negado el derecho a decidir sobre su propio territorio. Los intentos de figuras como Pérez Nazario de buscar soluciones en centros urbanos han resultado, según sus testimonios, en promesas incumplidas. Señalan que los compromisos han quedado en el papel y expresan desilusión con ciertas organizaciones que, tras ofrecer ayuda, ahora parecen colaborar con entidades gubernamentales y mineras. Además, la dirigencia indígena subraya la ausencia de estudios oficiales exhaustivos sobre los impactos en la salud de esta degradación ambiental en sus comunidades.
Desde la nación Guaraní, Esteban Romero, presidente de los capitanes del departamento de Tarija, ofrece una visión igualmente crítica. Destaca la imposibilidad de cultivar en las orillas del Pilcomayo debido a la salinidad del suelo, afirmando que la pesca es su principal medio de vida. El sábalo, una especie emblemática del río, se encuentra cada vez más amenazado por los cambios en el hábitat y la acumulación de contaminantes. Romero responsabiliza directamente a las empresas mineras. Aunque muchas aseguran contar con sistemas de control de residuos, en la temporada de lluvias los desechos tóxicos desbordan y son arrastrados río abajo, afectando a comunidades que nunca han tenido una mina cerca. En un esfuerzo por obtener datos fiables, y con el apoyo de una organización internacional, Romero indica que se ha iniciado un estudio técnico independiente que abarca desde el Bañado La Estrella, en la frontera con Argentina y Paraguay, hasta las nacientes en Potosí. Esta iniciativa crucial carece de respaldo estatal.
Más allá de la contaminación minera, el Pilcomayo enfrenta otra amenaza significativa: la explotación insostenible de sus poblaciones de peces. Autoridades de gestión de fauna en Tarija han detectado el uso masivo de trampas ilegales, incluyendo redes, palos y tablones, particularmente en el tramo del Angosto kilómetro 9. Estas prácticas, observadas durante meses, alteran gravemente los ciclos reproductivos naturales de los peces. Una acción legal impulsada por la gobernación resultó en una resolución judicial de Villa Montes que prohíbe explícitamente estas trampas destructivas y ordena la retirada inmediata de todas las estructuras. Se ha señalado que algunas concesiones de pesca, otorgadas hace más de tres décadas, persisten en hábitos de pesca depredadores y prohibidos, lo que no solo socava la rica biodiversidad del Pilcomayo, sino que también pone en riesgo el sustento de las familias indígenas que dependen del río. Comunidades campesinas de la zona guaraní de Itika Guasu, en el municipio de Entre Ríos, denuncian que la utilización de artes de pesca prohibidas les afecta anualmente. Observan que los peces que llegan a sus áreas, como Tentapiao o Casa de Piedra, son a menudo de tamaño muy reducido, lo que sugiere que los ejemplares más grandes son interceptados por trampas ilegales
