Una significativa escasez de recursos económicos ha impulsado a la Gobernación de Tarija a comunicar al Servicio Departamental de Salud (Sedes) la finalización de 90 contratos de personal sanitario, medida que se hará efectiva a partir del 31 de julio. Esta determinación impacta a diversas áreas dentro del sector de la salud, incluyendo profesionales de enfermería y personal de laboratorio, y ha provocado una enérgica reacción por parte de los trabajadores, quienes han anunciado movilizaciones tanto por el cese de contratos como por el retraso en el pago del bono de vacunación, cuyo desembolso estaba programado para el 6 de julio.
Tras la confirmación inicial de 24 desvinculaciones, la máxima autoridad departamental ha adelantado que el número total de ceses ascenderá a 90 funcionarios para finales de julio. Ha reiterado que la administración regional carece de la solvencia financiera necesaria para continuar sufragando estos contratos, que abarcan a médicos, enfermeras y personal auxiliar que opera en el sistema de tercer nivel. Adicionalmente, se ha advertido que esta política de finalización de contratos podría extenderse a otras dependencias y secretarías de la Gobernación.
La autoridad regional ha detallado que un estudio reciente sobre la asignación de ítems de salud en los once municipios del departamento reveló una disparidad. Se ha identificado una carencia de personal en centros hospitalarios clave como los de Cercado, Villa Montes y Yacuiba, mientras que en localidades como Bermejo, Padcaya, Uriondo, El Puente, San Lorenzo, Entre Ríos, Yunchará y Carapari, se ha detectado un excedente de personal. En consecuencia, se prevé que en agosto se realice una reubicación de este personal hacia los centros con mayor necesidad.
La Asociación de Municipios de Tarija (AMT) ha expresado su inquietud respecto a la distribución actual de los ítems de salud. La entidad ha solicitado una reunión con el Ministerio de Salud para explorar posibles soluciones a esta problemática, aunque hasta la fecha no han recibido una respuesta oficial. Los alcaldes han reconocido la existencia de una distribución ineficiente del personal sanitario, pero, al igual que la Gobernación, han manifestado no disponer de los fondos suficientes para cubrir los salarios de más de 300 ítems que se encuentran distribuidos en sus respectivas jurisdicciones. Actualmente, la Gobernación ha financiado 629 ítems de salud en el departamento desde el año 2016, de los cuales 338 corresponden a gobiernos municipales.
Desde la principal entidad gremial de los profesionales médicos en Tarija, se ha criticado a las autoridades departamentales por la decisión de finalizar contratos laborales en el tercer nivel sin consultar a la institución, lo que ha llevado al sector a declarar un estado de emergencia y a considerar movilizaciones en el transcurso de la semana. Por su parte, el Servicio Departamental de Salud ha señalado que una proporción significativa, siete de cada diez médicos en Tarija, dependen del Ministerio de Salud. Han argumentado que el Gobierno Nacional debería asumir una mayor responsabilidad, dado que administra el 80% de los ingresos nacionales, mientras que la Gobernación depende de las regalías, que han experimentado una caída superior al 40% y cuya tendencia es a seguir disminuyendo.
Otro punto de controversia es el bono de vacunación. El gobernador de Tarija ha lamentado que la administración departamental deba asumir gastos que, a su juicio, son responsabilidad del Gobierno central, como el mencionado bono, que implica un desembolso de ocho millones de bolivianos para mil quinientas personas, recursos con los que la institución no cuenta. Por ello, ha instado a los trabajadores de la salud a renunciar a este beneficio, con el fin de asegurar fondos para centros de acogida, la alimentación de personas privadas de libertad y programas sociales esenciales, como la canasta alimentaria para adultos mayores.
Sin embargo, la representación sindical de los trabajadores en salud ha dejado claro que no renunciarán a este bono. Han enfatizado que se trata de un beneficio adquirido hace más de tres décadas, dado que no están amparados por la Ley General del Trabajo. En cuanto al argumento de la falta de recursos, han indicado que la Gobernación estaba plenamente consciente de que este bono se paga anualmente y, por lo tanto, debió haber tomado las previsiones necesarias al momento de elaborar el presupuesto departamental. En caso de que la autoridad departamental mantenga su postura de no abonar el bono, la dirigencia sindical no descarta exigir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la aplicación de un débito automático para cubrir la transferencia
