El sector sanitario en Tarija ha iniciado su segundo día consecutivo de una medida de presión que incluye la abstinencia alimentaria, buscando la atención de la administración departamental. Los trabajadores demandan la reversión de la desvinculación de noventa profesionales y la garantía de asignaciones presupuestarias para quinientos empleados adicionales, cuya continuidad laboral podría verse comprometida en 2026. Esta manifestación se estableció el pasado miércoles frente a las oficinas del gobierno regional.
Lejos de vislumbrarse una resolución inmediata, el gobierno subnacional ha instado al Ejecutivo central a intervenir para solucionar la controversia. La Secretaria de Desarrollo Humano, María Lourdes Vaca, ha reafirmado la incapacidad de la Gobernación para continuar financiando los cargos de salud en establecimientos de primer y segundo nivel. Explicó que la gestión actual heredó un pasivo de tres mil millones de bolivianos, sumado a la disminución de los ingresos por hidrocarburos, lo que dificulta asumir responsabilidades que, a su juicio, corresponden al ámbito nacional.
La funcionaria manifestó su pesar por la instalación de la protesta en las inmediaciones de la Gobernación. Asimismo, sugirió que los manifestantes podrían tener una conexión con ciertos grupos políticos, invitándolos a unirse a ella en un viaje a la ciudad de La Paz para exigir al Ministerio de Salud una solución a la problemática de los ítems que afecta a los centros sanitarios. Además, advirtió sobre una posible motivación política detrás de estas movilizaciones, haciendo un llamado a los actores políticos a no instrumentalizar la salud pública.
Vaca detalló que la administración departamental está recibiendo una merma en las asignaciones financieras y que no puede comprometer la continuidad de los programas sociales. Por ello, se han implementado ajustes que impactan de manera equitativa a diversos sectores, pero en el caso específico de la salud, la resolución debería provenir del nivel central. Al ser consultada sobre la posibilidad de establecer un espacio de concertación, la secretaria indicó que el sector salud estaba al tanto de la reducción de ingresos y que se había coordinado con las administraciones municipales para explicar la imposibilidad de la Gobernación de sostener dicho gasto. Sin embargo, enfatizó que el principal actor ausente en este conflicto ha sido el Ministerio de Salud.
Por su parte, el representante del Colegio Médico de Tarija, Edwin Valdez, atribuyó la responsabilidad del conflicto a las autoridades. Argumentó que, habiendo anticipado la disminución de recursos, la medida adecuada habría sido la transferencia de las asignaciones de personal sin afectar la estabilidad laboral de los profesionales ni comprometer la prestación de servicios en los distintos municipios. En este sentido, Valdez ha solicitado la derogación de la disposición que sustenta los ceses de contratos por parte de la Gobernación, la Ley Departamental 503, la cual, según él, les confiere la potestad de no observar la Ley 104, que establece la creación y escala salarial de 629 ítems de salud
