Mariana Prado, candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular, ha delineado con mayor precisión su postura respecto al proceso judicial que involucra al expresidente Evo Morales y la actitud que adoptaría su eventual gobierno.
Previamente, sus declaraciones habían suscitado interrogantes, al sugerir que su participación en el binomio junto a Andrónico Rodríguez estaba condicionada a una política de no injerencia en los asuntos legales del exmandatario. Sin embargo, ahora ha enfatizado que, si el debido proceso judicial establece la culpabilidad del señor Morales en las acusaciones que enfrenta, este deberá asumir plenamente su responsabilidad ante la ley.
Actualmente, el expresidente está imputado por presunta trata y tráfico de personas, en un caso que involucra a una joven que era menor de edad durante su mandato presidencial. Cabe señalar que, con anterioridad, el exgobernante ha sido vinculado a otras denuncias relacionadas con supuestas conexiones con menores de edad.
La candidata ha explicado que sus comentarios iniciales sobre el expresidente se referían a la preocupación por la instrumentalización del sistema judicial con fines político-electorales. Ha afirmado que, junto a Andrónico Rodríguez, su plataforma política busca evitar replicar el uso del aparato judicial como una herramienta de persecución contra adversarios políticos.
En este sentido, recordó que el propio Evo Morales ha sido objeto de procesos judiciales en contextos electorales, como ocurrió en 2016 con el conocido caso Zapata, y con acusaciones de vínculos con menores de edad que resurgieron en 2019, 2020 y en la actualidad. No obstante, la candidata ha observado que la emergencia de estos expedientes coincide llamativamente con periodos de contienda electoral, y no así en momentos de menor tensión política.
Prado subrayó la intención de su movimiento de poner fin a esta dinámica de utilización política de los asuntos judiciales, asegurando que no se aplicará ni al expresidente Morales ni a ningún otro oponente político. Recalcó que, si una persona debe rendir cuentas ante la justicia por comportamientos de índole personal, es imperativo que enfrente su proceso legal con transparencia. La candidata concluyó que la práctica de generar acusaciones infundadas contra oponentes ha causado un daño significativo al ejercicio democrático del país
