Un proyecto de ley de significativa trascendencia para el departamento de Tarija, que busca una reforma parcial de su Estatuto Autonómico y, de manera destacada, la optimización del número de legisladores departamentales, se halla actualmente bajo la evaluación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La iniciativa, impulsada por la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), ha captado el interés de diversas organizaciones y de la ciudadanía en general.
La fecha límite para que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronunciara sobre la admisibilidad de la propuesta concluyó recientemente. Desde la Asamblea Legislativa Departamental se ha expresado una clara expectativa de que la solicitud sea admitida, subrayando la importancia de la celeridad en el proceso judicial para evitar dilaciones innecesarias en la implementación de la normativa. La reforma, según sus promotores, responde a una necesidad de modernización y eficiencia en la estructura legislativa departamental.
En caso de que el máximo órgano constitucional otorgue su visto bueno a la admisibilidad de la iniciativa, el procedimiento subsiguiente implicaría la asignación del expediente a una de las salas del Tribunal mediante sorteo, para un análisis más exhaustivo. Se proyecta que el TCP dispondrá de un lapso de entre 45 y 50 días para emitir un dictamen definitivo sobre la constitucionalidad de la propuesta. Esta fase es de vital importancia, ya que un fallo favorable permitiría que la ley continúe su curso hacia la implementación.
Una vez que la reforma reciba el aval del Tribunal Constitucional, será remitida a la Gobernación de Tarija. La autoridad departamental procederá a la promulgación de la ley, dotándola de la validez legal necesaria para avanzar hacia la consulta popular. De acuerdo con la normativa que rige las reformas estatutarias, la aprobación final no recae únicamente en las autoridades legislativas y judiciales, sino que exige la ratificación ciudadana mediante un referéndum. Este mecanismo de democracia directa es indispensable para que la reforma pueda entrar en vigor.
La organización de la consulta popular recaería en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Con el fin de optimizar los recursos públicos y evitar costos adicionales, se contempla la posibilidad de que esta votación se efectúe de manera simultánea con otros comicios ya calendarizados, como las elecciones departamentales, permitiendo así a la población tarijeña manifestarse sobre la reforma en el marco de un proceso electoral ya establecido.
Por otra parte, se ha reconocido la existencia de inquietudes planteadas por ciertas comunidades originarias. No obstante, se ha puntualizado que la resolución de tales planteamientos recae exclusivamente en la esfera de competencia del Tribunal Constitucional, que deberá analizar los argumentos y emitir un dictamen que se ajuste a la normativa y a los derechos establecidos. La instancia legislativa departamental ha concluido su labor en la formulación integral de la reforma, y ahora el destino de la propuesta de reducción del número de legisladores pende de la determinación del TCP. La resolución, anticipada en un período no superior a 50 días si se respetan los plazos procesales, definirá si la iniciativa progresa hacia la consulta ciudadana y, en última instancia, si se materializa en una reconfiguración de la representación legislativa departamental
