Bolivia se prepara para una contienda electoral de gran trascendencia, con solo cinco días restantes para la jornada decisiva. Ocho aspirantes masculinos a la presidencia intensifican sus campañas, desplegando sus argumentos finales y confrontando a sus adversarios en una fase que no solo dictará el rumbo político de la nación, sino también el futuro individual de cada contendiente.
Analistas políticos y observadores del discurso público anticipan que este proceso electoral marcará un punto de inflexión en la historia contemporánea del país, coincidiendo con la conmemoración de su Bicentenario. Más allá de la tradicional dicotomía ideológica entre izquierda y derecha, la pugna se percibe como una confrontación entre la persistencia de un modelo progresista establecido y la potencial restauración de un sistema asociado al paradigma neoliberal.
La configuración de la papeleta electoral para la jornada dominical, que de alguna manera refleja la dinámica del proceso, presenta a los ocho candidatos distribuidos de izquierda a derecha. Encabezando la lista se encuentra Andrónico Rodríguez, representando a Alianza Popular, seguido por Pavel Aracena de ADN y Manfred Reyes Villa con Autonomía para Bolivia – Súmate. Un espacio en negro interrumpe la secuencia, originalmente asignado a Nueva Generación Patriótica, formación que se retiró tras su fallida apuesta por un analista financiero que había logrado generar adhesiones en diversos estratos sociales, políticos y económicos.
A continuación, se ubica Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libertad y Democracia; y más hacia la derecha, Jhonny Fernández, de Alianza Fuerza del Pueblo, singular por ser el único postulante que aún no ha definido a su compañero de fórmula vicepresidencial. Eduardo del Castillo, del Movimiento Al Socialismo, ocupa la siguiente posición, mientras que la casilla subsiguiente estaba destinada a una fuerza política de la alcaldesa de El Alto. Esta formación también se retiró de la contienda una vez que la papeleta ya había sido impresa. Las votaciones registradas en esta última casilla serán consideradas nulas, una categoría utilizada exclusivamente con fines estadísticos, dado que el escrutinio oficial se basa únicamente en los votos válidos. La asignación de espacios en la papeleta concluye con la casilla de la Alianza Unidad de Samuel Doria Medina y, finalmente, con Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano.
Las autoridades electorales han indicado que se están preparando ajustes a la Ley 026 de Régimen Electoral. Estos cambios buscarían establecer plazos definitivos para la inscripción y habilitación de candidaturas, permitiendo así que el electorado conozca con antelación a los postulantes. La normativa vigente permite a las fuerzas políticas reemplazar candidatos hasta tres días antes de los comicios, plazo que en esta ocasión finaliza el 13 de agosto. De hecho, uno de los contendientes ha postergado hasta esa fecha la inscripción de su vicepresidenciable. En estos y otros escenarios, el organismo electoral tiene la responsabilidad de habilitar las candidaturas conforme a los requisitos reglamentarios establecidos para el proceso. La lista final de todos los candidatos habilitados será publicada un día antes de la jornada electoral.
Un reciente sondeo nacional sobre la intención de voto revela un virtual empate técnico entre dos de los principales contendientes. Uno de ellos registra un 24.45% de apoyo, mientras que el otro le sigue de cerca con un 23.64%. La diferencia entre ambos se sitúa dentro del margen de error estadístico de +/- 2.2% a nivel nacional. En una tercera posición se encuentra un candidato con 9.10%, seguido por otros dos con 8.79% y 8.46% respectivamente. Las distancias entre estos aspirantes tampoco exceden el margen de error. Más rezagados, otros postulantes obtienen porcentajes menores: 2.44%, 1.83%, 0.33% y 0.20%. Estos resultados plantean la posibilidad de que sus respectivas organizaciones políticas pierdan su personería jurídica, a excepción de aquella que se retiró previamente, anulando así el riesgo de su desaparición.
Tras dos décadas de predominio de una fuerza política mayoritaria, diversos analistas perciben indicios de un fin de ciclo político. Un politólogo ha argumentado que esta etapa de agotamiento no solo afecta a la mencionada fuerza, sino a todo el bloque social popular, que muestra signos de fragmentación interna. La división entre las facciones políticas de este bloque, que incluye a varios de los actuales contendientes y a una excandidata, es una clara manifestación de la crisis interna. Incluso los frentes de oposición, a pesar de su presencia en las encuestas, no logran superar el 20% de aceptación. Según esta perspectiva, la oposición no ha logrado, en veinte años, articular una propuesta de país coherente, ni comprender las motivaciones del nuevo sujeto histórico y social, ni reflexionar sobre lo que moviliza o confronta a la sociedad boliviana, ni hacia dónde aspira la ciudadanía.
Un reconocido escritor y exfuncionario electoral coincide en que el proceso electoral actual exhibe síntomas de un cambio de etapa. No obstante, advierte que la organización de estos comicios ha sido cuesta arriba debido a tareas que, a su juicio, debieron resolverse con antelación, como la definición de personerías jurídicas. Se está ante un probable fin de ciclo y el comienzo de uno nuevo, por lo que es crucial que los actores principales actúen como referentes y mantengan una conducta democrática apegada a la ley.
Un miembro del Tribunal Supremo Electoral ha descrito estas elecciones como una de las más complejas, debido a la cantidad de acciones judiciales interpuestas contra partidos, el propio organismo electoral y el proceso en general. El desarrollo del proceso ha permanecido en un estado de incertidumbre, ya que la Asamblea Legislativa no ha aprobado la ley de preclusión electoral. Desde finales del año pasado, el organismo electoral envió al Parlamento un conjunto de proyectos de ley, de los cuales solo se aprobó el relativo al sistema de transmisión rápida de resultados. La ausencia de esta normativa fundamental deja abierta la posibilidad de que una disposición judicial superior pueda, en cualquier momento, postergar o incluso anular las elecciones. Mientras no se
