Se han elevado solicitudes de información a la administración municipal ante presuntas anomalías detectadas en el ámbito de Ordenamiento Territorial. Estas inquietudes surgen a raíz de la demolición de varias residencias en el barrio Luis Espinal, acciones que, según señalamientos, habrían vulnerado los derechos fundamentales de sus ocupantes, particularmente de adultos mayores.
Entre los casos citados, se destaca el desalojo de una mujer embarazada y sus nietos, ocurrido mientras el propietario del inmueble se encontraba en el exterior recibiendo tratamiento médico por una condición de salud delicada.
Una legisladora ha confirmado la presentación de una denuncia formal en relación con estos hechos, al mismo tiempo que ha dado seguimiento al proceso de una nueva planimetría, propuesta por la dirigente Tania Gutiérrez, cuya aprobación estaba en curso. Se ha observado que el alcalde de Tarija, Johnny Torres, no ha suscrito la resolución necesaria para la validación de dicha planimetría, lo que ha generado una situación de silencio administrativo en torno al expediente.
Está previsto que una comunicación oficial sea entregada a la autoridad municipal este lunes, solicitando explicaciones sobre la razón de este silencio administrativo. La no aprobación de la planimetría propuesta por Gutiérrez implicaría, según la perspectiva parlamentaria, que las autoridades involucradas deberán ofrecer amplias justificaciones respecto a las demoliciones efectuadas tanto en Luis Espinal como en Pampa Galana. De no prosperar el trámite de esta planimetría, se considera imperativo que se proceda a la reparación de los daños causados a las familias afectadas por la destrucción de sus hogares.
Cabe señalar que las denuncias relativas a estos y otros asuntos ya han sido interpuestas ante diversas instancias competentes, incluyendo el Viceministerio de Transparencia, entidad que actualmente revisa el caso en la capital, La Paz
