La administración peruana ha procedido con la promulgación de una ley que concede amnistía a militares, policías y civiles involucrados en el conflicto armado interno que asoló el país entre 1980 y 2000. Esta decisión se ha tomado a pesar de la solicitud explícita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había instado a abstenerse de implementar una normativa con potencial impacto negativo en los derechos de las víctimas. La medida presidencial se produce en un periodo de notable descenso en la aprobación pública de la mandataria.
El conflicto interno en Perú, que enfrentó a las fuerzas del Estado contra grupos insurgentes como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó un saldo aproximado de 70.000 fallecidos, la mayoría de ellos civiles, según los hallazgos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. A esta cifra se suman unas 20.000 personas desaparecidas, de acuerdo con estimaciones de la fiscalía.
Durante una ceremonia oficial en el Palacio de Gobierno, la presidenta defendió la promulgación de esta legislación, previamente aprobada por un Congreso de mayoría conservadora el 9 de julio. La jefa de Estado afirmó que, con la activación de esta ley de amnistía, el gobierno reconoce el sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y los comités de autodefensa civil en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia.
La normativa establece que la amnistía se aplicará a individuos, tanto uniformados como civiles, que aún no hayan recibido sentencia judicial. Adicionalmente, contempla la liberación de aquellos condenados mayores de 70 años. Los impulsores de la ley sostienen que esta medida permitirá cerrar procesos judiciales que han permanecido abiertos por más de tres décadas. Organizaciones de derechos humanos proyectan que la legislación podría beneficiar a cerca de 900 militares y policías, incluyendo a varios generales.
La presidenta ha desestimado las críticas dirigidas a la amnistía, enfatizando la exigencia de respeto hacia las leyes de la República y hacia los agentes del Estado. En este sentido, ha sugerido que quienes cuestionan la norma se posicionan del lado de aquellos que vulneraron los derechos humanos de los ciudadanos.
Una coalición nacional de organizaciones de derechos humanos, que representa a familiares de las víctimas, ha expresado su enérgico rechazo a la promulgación de esta ley, argumentando que protege a miembros de las fuerzas de seguridad y civiles implicados en graves violaciones de derechos humanos. La organización ha señalado que la medida niega justicia a miles de familias que han luchado por la verdad y la reparación durante más de cuatro décadas. Por su parte, Human Rights Watch ha calificado la medida como una traición a las víctimas peruanas.
Cabe recordar que, antes de esta amnistía, Perú había aprobado en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en el marco de la lucha contra las guerrillas. Esta iniciativa, que críticos de los derechos humanos han denominado Ley de Impunidad, benefició al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), ya fallecido, quien fue condenado por ordenar dos masacres de civiles perpetradas por el ejército en 1991 y 1992, así como a aproximadamente 600 militares procesados
