La Fiscalía General ha impugnado la resolución judicial que concedió detención domiciliaria al exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, en el marco de la investigación que se sigue en su contra por supuestos actos de corrupción. Esta medida de apelación fue interpuesta de forma conjunta por el Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
La determinación judicial estableció, además de la reclusión en el domicilio, el arraigo del implicado, una fianza personal respaldada por dos garantes y la restricción de aproximarse a las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, así como a testigos clave identificados en el proceso investigativo. La representación fiscal, en coordinación con las otras entidades estatales, manifestó su desacuerdo con esta resolución.
En la audiencia de medidas cautelares, celebrada el sábado anterior en la ciudad de La Paz, la parte acusadora había solicitado la detención preventiva del exfuncionario por un período de seis meses en el centro penitenciario de San Pedro. No obstante, la autoridad judicial optó por una disposición menos severa, la cual incluye la posibilidad de permisos para actividades laborales.
Lisperguer enfrenta cargos por delitos que incluyen enriquecimiento ilícito, falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, incumplimiento de deberes y nombramientos irregulares. Aunque la instancia judicial reconoció la existencia de riesgos procesales como el peligro de fuga y la posibilidad de obstaculización de la investigación, decidió aplicar la detención en el domicilio.
La aprehensión del exministro se produjo el jueves pasado en Cochabamba, tras lo cual fue trasladado a La Paz, ciudad donde se tramita la causa judicial. Durante su comparecencia ante las autoridades, la exautoridad se abstuvo de prestar declaración
