La dirección nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) ha formalizado la convocatoria para su XVIII congreso nacional, un evento crucial destinado a la elección de nuevos líderes para el máximo ente sindical del país. Esta decisión surge en un contexto de considerable presión, ejercida principalmente por la Federación de Mineros. El actual comité ejecutivo, encabezado por Juan Carlos Huarachi, ha determinado que la ciudad de Cobija será la sede de este importante encuentro.
El congreso ordinario está programado para desarrollarse del 6 al 10 de octubre de 2025, en Cobija, departamento de Pando. El lugar elegido para las deliberaciones es el coliseo cerrado departamental, conocido como Profesor Alfredo Huary Gonzales, ubicado en la avenida Tahuamanu.
Juan Carlos Huarachi asumió la presidencia en febrero de 2018, con un mandato inicialmente previsto para dos años, contando entonces con el respaldo del expresidente Evo Morales. Sin embargo, su permanencia en el cargo se extendió más allá de este periodo. En 2020, logró una reelección, enmarcada en la compleja crisis política de 2019 y la emergencia sanitaria global. Posteriormente, en febrero de 2022, una asamblea ampliada fue convertida en congreso, donde Huarachi fue ratificado por aclamación para continuar hasta 2024. Este evento, que también tuvo lugar en Cobija, contó con el apoyo del gobierno de Luis Arce.
En enero de 2024, una nueva asamblea ampliada volvió a prolongar su gestión, generando cuestionamientos sobre la legitimidad de tales procedimientos. La continuidad de su liderazgo ha enfrentado una oposición creciente. En particular, el congreso de mineros, celebrado en Tupiza, Potosí, en marzo de este año, exigió enérgicamente la renuncia de Huarachi y la inmediata convocatoria a un congreso nacional. La concreción de esta demanda, no obstante, experimentó un retraso de cinco meses.
Para garantizar la participación en el congreso, se han establecido requisitos específicos. Las confederaciones y federaciones nacionales deben estar al día con sus aportes sindicales hasta la gestión actual, conforme a los estatutos orgánicos de la COB. El incumplimiento de esta obligación financiera impedirá su asistencia al XVIII congreso ordinario. Esta disposición es vista como una medida dirigida, entre otros, al sector magisterial, que ha suspendido sus contribuciones en rechazo a la actual dirigencia.
Adicionalmente, se ha estipulado que las organizaciones afiliadas que presenten problemas orgánicos internos o se encuentren divididas deberán resolver sus conflictos. Solo aquellas que cuenten con una resolución ministerial que avale su representatividad serán elegibles para participar. Esta condición tiene implicaciones para diversas organizaciones, incluidas las campesinas, que a menudo se encuentran fragmentadas, y donde el reconocimiento gubernamental tiende a favorecer a las facciones alineadas con la administración en turno
